Sciortino es propietario de una camioneta que fue señalada como la que trasladó cubiertas hasta la zona del centro cívico y que avivaron las llamas que terminaron con la histórica puerta de la Casa Gris.
La imputación al secretario General de ATE surge del testimonio de un policía que reconoce al dirigente sindical entre un grupo de manifestantes que se concentraron frente a la Casa de Gobierno, acto luego del cual se prendió fuego a la madera.
Además, luego de la manifestación –que fue dispersada por la policía–, Massarotti llegó a la sede del gremio, en calle Colón, y declaró allí, a los medios de comunicación, su “responsabilidad política” por lo sucedido.
El dirigente llega al juicio con la defensa de los abogados Marcelo Baridón y de la diputada nacional Rosario Romero.
Las audiencias se extenderán a lo largo de toda la semana y se espera que para la semana próxima ya se escuchen los alegatos de la partes. La fiscal en el juicio será la doctora Cecilia Goyeneche.
Contexto
El hecho se dio en la tarde del 20 de diciembre de 2001. Ese día, en Paraná, la represión policial ya había costado la vida de dos niñas: Eloisa Paniagua y Romina Iturain. Varios días después se encontraría el cuerpo sin vida del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el joven José Daniel Rodríguez.
Ese contexto de movilización, violencia y crisis institucional –que a nivel nacional derivó en la renuncia de Fernando De la Rúa– es el que pretende llevar a debate la defensa de Massarotti.
En este marco, se ha citado a abogados penalistas que tomaban causas por esos días a raíz de la violencia que se vivía en distintas calles de la ciudad. También se ha convocado a declarar a periodistas de Paraná que tuvieron a su cargo la cobertura de los hechos en términos institucionales, políticos y en la tensión en los saqueos a los supermercados.
Fueron citados, además, jueces de instrucción que actuaron en aquel entonces. Se declararon en turno, todos a la vez, a fin de facilitar la tarea inusitada que recaía por aquellos días en el juzgado de Ricardo González.
Funcionarios
Entre otros dirigentes políticos y funcionarios públicos que fueron convocados para el juicio se encuentra el gobernador Jorge Busti –en 2001 era senador nacional– que presentó por escrito su testimonial; y el ex mandatario Sergio Montiel que se excusó de declarar tras la presentación de un certificado médico.
Además, se ha citado al ex ministro de Gobierno, Enrique Carbó; al ex jefe de Policía, Victoriano Ojeda; a los dirigentes Juan Echeverría, Aldo Bachetti, Mario Huss, Alejandro Sologuren y María Luz Piérola, entre otros, representantes de organizaciones que integraban, entonces, la Multisectorial. También sería convocado el padre Blas Corbalán, entonces párroco de la iglesia San Cayetano que tomó contacto con la realidad social que se vivía entonces y, particularmente, con quienes habían sido cesanteados un año antes por la Ley 9235.
Como prueba, se han adjuntando al expediente publicaciones periodísticas de la época de los medios gráficos y resultados de las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
