Además, se fija que una misma persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. Desde el oficialismo sostienen que el proyecto estará abierto a posibles modificaciones para negociar con la oposición.
Uno de los temas más complejos del debate parlamentario será discernir la cantidad de hectáreas que actualmente está en manos de extranjeros y los límites físicos que deberán establecerse en consecuencia. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, hasta el momento están registrados 8 millones de hectáreas en manos de titulares de otra nacionalidad. Sin embargo, estiman que son muchas más. Por ejemplo, la Federación Agraria calcula que el 10 por ciento de las tierras rurales está en manos extranjeras, aproximadamente 17 millones de hectáreas.
Ante la dispersión de datos oficiales, el proyecto prevé la creación de un registro nacional de tierras rurales, que dependerá del Ministerio de Justicia. De alcanzarse la sanción de este proyecto, el Estado nacional deberá contar con la colaboración de las distintas jurisdicciones –provinciales y municipales– para confeccionar el relevamiento catastral y dominial que deberá tomar como punto de partida la situación existente al 1º de enero de 2010.
Como elemento adicional, también se prevé la creación de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, conformado por Agricultura, Justicia, Defensa y Jefatura de Gabinete, que deberá ayudar en la creación del registro.
Pero más allá de los límites físicos establecidos para cada comprador individual, sumado a una clasificación de los diferentes tipos jurídicos comprendidos en la categoría “titularidad extranjera”, uno de los puntos neurálgicos del proyecto radica en que la compraventa de tierras no podrá considerarse una inversión.
“A los efectos de determinar los alcances de los Tratados Bilaterales de Inversión celebrados por nuestro país, este proyecto excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. “Se procurará efectivizar el derecho irrenunciable del gobierno nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”, concluye el texto parlamentario.
La arquitectura jurídica de esta iniciativa estuvo a cargo del abogado Eduardo Barcesat, quien trabajó junto a un equipo del Ministerio de Agricultura desde agosto. También participó de la redacción el especialista en derecho agrario Aldo Casella, un abogado cercano a la Federación Agraria.
El debate se iniciará en la Comisión de Legislación general. Luego será el turno de Agricultura. Su titular, el radical Juan Casañas, se opone al análisis conjunto del proyecto, a pesar de que el reglamento de la Cámara de Diputados indica que los temas que tienen giros a más de una comisión deben tratarse en plenarios.
