Martini consideró que “en la Pampa Húmeda, donde la actividad es estable y rentable, los índices de empleo no registrado llegan hasta el 60 por ciento. En otras economías regionales, como la producción de ajo o la yerba mate, hay entre un 70 y 80 por ciento de trabajo no registrado”.
El funcionario indicó que esto se debió al modelo aplicado para registrar el empleo rural mediante el Renatre, antecesor del Renatea, creado recientemente a partir de la nueva Ley del Peón Rural.
“El Renatre –sostiene- no cumplió ninguna función efectiva, porque cuando estaba en manos privadas no logró bajar índices de informalidad del 80 por ciento. Los lugares donde se registraban los trabajadores tenían como titulares a la Sociedad Rural o Confederaciones Rurales Argentinas”, entidades que nuclean a los empleadores agrarios.
Martini indicó que Renatea está desarrollando acciones destinadas a combatir el trabajo no registrado en el sector rural mediante operativos conjuntos con los ministerios de Trabajo, del Interior y de Salud, así como con la AFIP y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Aseguró que el nuevo organismo “cambió el concepto y en vez de esperar que los empresarios y los trabajadores vengan a registrarse, salimos a los lugares donde viven los trabajadores rurales”.
Como ejemplo, señaló que “la registración histórica para un mes de enero en Mendoza era de 547 personas en 2007, mientras este enero hemos registrado más de 1.400 trabajadores, con lo que se marca un camino muy claro”.
También reveló que desde el inicio de su gestión se han detectado “más de 50 millones de pesos en demandas por pagos de multas que no se habían ejecutado nunca, y estaban las acciones totalmente paralizadas”, por lo que se reactivaron esas causas.
“Como producto de la tercerización que había en el Renatre, registramos más de 70.000 casos vinculados a inspecciones en las que se habían realizado actas, pero estaba todo paralizado”, señaló Martini.
El director del Renatea consideró que el Renatre “se conformó en un marco donde el Estado delegó en terceros, concretamente en la Mesa de Enlace (de entidades agropecuarias) y en (el sindicato) Uatre todas las cuestiones vinculadas a la registración, el seguro de desempleo, que son actividades que jamás debió haber perdido, porque es propio del Estado nacional el deber de garantizar los derechos de los trabajadores”.
También informó que “no se registra a partir de las denuncias de desempleo un incremento en el sector rural” y que “las prestaciones del seguro de desempleo fueron alrededor de 8.500, (cifras) muy similares a las del año pasado.
El nuevo Estatuto del Peón Rural crea la modalidad del trabajador permanente discontinuo, para el caso de quienes trabajan más de dos años seguidos en el mismo establecimiento.
“Eso comienza a generar derechos, y con eso se pueden disminuir las condiciones de acceso para que más personas que no cobran (salario) durante los meses que no hacen ese trabajo temporario, cobren algún mes de seguro de desempleo extra”, añadió el funcionario.
“El desempleo -evaluó- en el sector rural está vinculado a la intensificación y la mecanización de la producción. Más que desempleo es cambio de actividad, esto está muy claro en producciones intensivas de la Pampa Húmeda, sobre todo la soja”.
Ante esto, dijo, “el gobierno tiene como norte la industrialización de la actividad rural. Estamos empeñados en que la producción primaria sea la materia prima de la producción en origen. Con eso estaríamos saldando en un círculo virtuoso la caída del empleo por tecnificación en función de la mano de obra más industrial, que es de muy buena calidad y más estable”.
