La clausura de la totalidad de los prostíbulos que funcionaban en la provincia por parte de la Policía de Entre Ríos se logró tras la promulgación de la Ley Nº 10.186, que prohíbe la instalación de establecimientos para la explotación sexual en todo el territorio. En este sentido, se envió este lunes a la Legislatura el proyecto que apunta a complementar el artículo 5º de la ley 10.186, referente a las multas a quienes intenten reabrir los locales.
Sobre las multas
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, explicó que “el valor de la multa se establecerá en unidades fijas, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial” y añadió: “En el acto en el que se disponga el monto de la multa, se determinará la misma en unidades fijas y se abonará su equivalente en dinero”.
Las multas serán aplicadas a quienes «instalen, sostengan, administren, regenteen, exploten, promocionen y/o publiciten ostensible o encubiertamente alguno de los establecimientos mencionados en el artículo 1° de la ley 10.186” sostuvo Bahl.
Además el titular de la cartera política resaltó que “el destino de los fondos recaudados, teniendo en cuenta los objetivos y finalidades primarias de la ley 10.186, será para costear programas y acciones destinadas a la lucha contra la trata de personas”.
La ley
La clausura de los prostíbulos fue dispuesta a partir de la sanción de la Ley Nº10.186, que prohíbe “en el territorio de la provincia de Entre Ríos la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”.
En la norma se ordena “la inmediata clausura” de los prostíbulos que estén funcionando y se faculta “a la autoridad de aplicación a adoptar las medidas necesarias y conducentes a tales fines, y aquellas destinadas a la protección integral de las víctimas, como así también a suscribir convenios con los municipios y comunas correspondientes para el control, seguimiento y aplicación de la presente norma”.
La autoridad de aplicación es la Policía, a través de la División de Trata de Personas.
Desde la sanción de la Ley, en diciembre de 2012, en menos de dos meses se clausuraron todos los prostíbulos en el territorio provincial.
