Bournissent, que aguarda una respuesta con una foto de su hija Delfina en su regazo, quedó cesante cuando entro en vigencia el decreto 218, dictado en diciembre de 2003. Mediante ese instrumento legal, la actual gestión dejó sin efecto las designaciones en la planta permanente de la administración pública provincial producidas entre el 1º de enero y el 10 de diciembre de 2003
Intentó, vanamente, que el interventor del Iafas, Blas García, atendiera sus razones, pero sólo consiguió promesas. Mientras procuraba ordenar sus asuntos laborales, le detectaron un cáncer de mamas, que logró superar después de dos años. Pero enseguida tuvo que soportar que auno de sus tres hijos, Delfina, le diagnosticaran leucemia.
Esta mujer contó que, luego de quedar cesante, Blas García le dijo que iba a reconsiderar los casos especiales, sobre todo de aquellos que fueran jefes de hogar. Pero nunca reconsideró nada. Yo soy jefa de hogar, con tres hijos a cargo, sufrí un cáncer de pecho, y ahora tengo una hija con leucemia, pero mi caso no fue reconsiderado. Estuve dos años para recuperarme de mi enfermedad. Le pedí, le supliqué, pero nada”.
Volvió a reclamar hace seis meses, cuando a su hija le diagnosticaron leucemia. “Pero de vuelta me dijeron que no”, dice, masticando las palabras, tragándose la ira.
“Lo ultimo que me dijeron fue que había cambiado el gobierno. Que yo había sido contratada por la gestión anterior. Pero cuando a mí me dejaron cesante, a los días tomaron más gente”, sostuvo.
Contrato en negro
La titular del Instituto de Discapacidad, Cristina Cremer de Busti, le propuso un camino alternativo para conseguir un sustento económico. Por intermedio del subsecretario de Justicia, Walter Carballo, le propuso a la mujer un contrato de locación de obra en la Dirección de Comedores, con un ingreso neto de aproximadamente 600 pesos, y la posibilidad de que el Ministerio de Salud y Acción Social costeara el gasto de atención médica de su hija.
“Nuestro objetivo principal es poder ayudar en la enfermedad de la hija. Pero lo rechazó”, dijo Carballo. María Gabriela Bournissent argumentó que el contrato no tiene jubilación ni obra social. “Lo fundamental que busco es una cobertura médica para mi hija. Así no. Por eso lo rechacé”.
