La sentencia que condenó el 9 de diciembre de 1985 a Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Ramón Agosti, Armando Lambruschini, Roberto Viola, y absolvió a Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, tuvo corto alcance ya que en 1990 el ex presidente Carlos Menem los indultó.
El juicio a las Juntas se inicio en abril de 1985 por orden del ex presidente Raúl Alfonsín, quien luego promovería el perdón de aquellos que habían cumplido órdenes con la ley de Obediencia Debida e impedía seguir adelante con los juicios a través del Punto Final. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la que declararon 833 personas, que relataron las atrocidades que padecieron en los distintos centros clandestinos de detención. Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, la fiscalía decidió presentar 709 casos paradigmáticos, de los cuales el tribunal examinó 280.
La primera de estos testigos fue Adriana Calvo de Laborde, sobreviviente del terrorismo de Estado, quien afirmó que el juicio “fue importante para hacer historia, pero no para hacer justicia”. “Estaba preparada para castigar a unos pocos y dejar al resto”, dijo, y destacó que “los años que han pasado no hacen más que demostrar que teníamos razón”, opino Calvo, quien hoy integra la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
Por su parte, Arslanián destacó el hecho al asegurar que en ese momento había “incertidumbre sobre si el proceso judicial podía llegar a buen puerto”.
“No podíamos avizorar un futuro como vivimos hoy. El poder militar era muy vigoroso y estaba intacto. La construcción de la democracia fue un proceso que tuvo liderazgos muy fuertes como el de Alfonsín y luego el de Néstor Kirchner, pero del que participaron también las organizaciones de Derechos Humanos, como las Madres y las Abuelas, junto con el pueblo, consigna Tiempo Argentino.
