El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Además, se extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
También, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad para las niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
Además, se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad, manifestó que la iniciativa es “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños” y pidió que “no quede en buenos propósitos porque este proyecto está expresado en tiempo futuro sin plazos ni especificaciones”.
“Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece”, enfatizó el senador.
El oficialista santiagueño, José Neder, expresó que “en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho”, al iniciar la defensa del proyecto de ley. “Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo”, indicó. Agregó que “es una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean”.
“Este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo”, celebró.
