El 15 de febrero de este año, al dar inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura, el mandatario entrerriano sostuvo que “resulta necesario emprender un cambio y modernización” del Patronato de Liberados para brindarle “mayor eficiencia y cumplimiento de sus fines”.
En esa línea impulsó que la designación del director del organismo “se lleve adelante por concurso, para que tenga la idoneidad necesaria. Porque esta provincia no permite más que haya un caso como el de Micaela García”.
En sintonía con lo expresado por Bordet, el texto aprobado este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, el proyecto busca “contribuir a la reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba, como así también el control del cumplimiento de las normas de conductas impuestas a dichas personas por los Juzgados Federales con competencia en la provincia de Entre Ríos, Juzgados de Ejecución de Penas de la provincia de Entre Ríos o autoridad análoga o similar con competencia en nuestra provincia”.
En ese marco y durante el debate de este miércoles, Lara, el miembro informante, explicó que la norma está estructurada en torno a tres ejes que regirán la vida del nuevo organismo, a saber: “Profesionalización del servicio; la descentralización territorial del Patronato a través de la presencia en distintas regiones de la provincia; y la coordinación intra e inter gubernamental para lograr el fin de la resocialización del tutelado”.
Por otra parte, el titular de la Comisión de Legislación General valoró el trabajo realizado por los diputados y el cuerpo de asesores que condujo a la unificación de los expedientes que se tramitaban sobre este mismo tema.
En ese contexto, destacó “cuál fue la razón de ser de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo” y subrayó el “compromiso político que contrajo el gobernador con la sociedad en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura en febrero de este año”.
Además, puso de relieve “la discusión en la que participó toda la sociedad entrerriana producto del lamentable hecho que ocurrió con la tragedia de Micaela García” que, “con sobrada razón puso en crisis no solo el sistema penal, la labor que tuvo el juez de ejecución de penas sino también del rol que debe cumplir el Patronato de Liberados en la provincia”.
En esa línea, Lara recordó que “la provincia tomó medidas para refuncionalizar el organismo, dotarlo de personal, equipamiento” y que ese compromiso se dio también “fundamentalmente, a través de una ley que regule orgánicamente el Patronato de Liberados”.
En cuanto a la profesionalización del servicio, Lara confirmó que “quien esté al frente del Patronato va a ser una persona que tenga que obtener esta responsabilidad a través de un concurso público de oposición y antecedentes”, y que para ello “se le exigirá un título de grado que tenga que ver con las ciencias sociales y que acredite un compromiso con los derechos humanos”. También “se le va a dar la estabilidad que tiene que tener un cargo de esta naturaleza, lo que le va a permitir diseñar las políticas públicas que el organismo necesita”
Respecto de la “descentralización efectiva” y la presencia territorial, Lara confirmó que el Patronato de Liberados tendrá una sede central en Paraná y cuatro delegaciones distribuidas en Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria y Gualeguaychú. Los coordinadores de cada una de esas sedes tendrán a su cargo un equipo técnico interdisciplinario.
Por último, sobre el tercer eje, “la ley crea otros ámbitos de trabajo que auxilian acompañan y fortalecen el trabajo”, explicó el miembro informante, y enumeró: “la mesa interdisciplinaria, el gabinete de control y seguimiento y el centro de coordinación permanente”.
Por último Lara destacó además la amplia participación que tuvo el proyecto en su elaboración, partiendo de la unificación con un proyecto ya existente sobre el mismo tema, y siguiendo por el trabajo coordinado con el Ministerio de Gobierno de la provincia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, jueces, miembros del Servicio Penitenciario, y jueces de ejecución de penas, entre otros”.
