Con los números recabados tras la finalización del inventario, ahora se entrecruzan los datos con información proporcionada por juzgados y otras áreas adonde podrían haber sido depositadas algunas armas faltantes.
Producto de estas ecuaciones, desde el lunes pasado se están haciendo estos controles finales, los que, en forma diaria han estado arrojando un promedio de 15 armas faltantes por jornada de contabilización.
O sea se podría hablar de que en el transcurso de esta semana ya se detectaron 60 armas ausentes y sin aviso de donde fueron a parar. Tomando en cuenta la proyección de lo que aún falta cotejar, y a ojo de buen cubero, los investigadores estiman que podría llegarse a constatar una cifra aproximada a las 250 armas desaparecidas de los depósitos de Justicia.
Por otra parte, en diálogo con EL DIARIO, el fiscal de la causa, doctor Ignacio Aramberry confirmó ayer que ya cuenta con el resultado de la pericia que se realizó sobre un manuscrito hallado durante un allanamiento en el domicilio de Maximiliano Bertoni, el empleado del departamento Médico Forense, acusado de ser quien sacaba del edificio las armas para entregárselas a otras personas que las vendían en el mercado negro.
En ese manuscrito se habrían constatado de puño y letra, tipos de armas acompañados con precios y otros detalles. Según Bertoni, esto es prueba fehaciente de que era Vitali quien le entregaba las armas, le marcaba los precios y las indicaciones de cómo negociarlas.
En su defensa, Vitali negó tener relación con ese manuscrito y se resolvió efectuar una pericia con un especialista de Tribunales y un perito de parte.
Según Aramberry, “efectivamente, finalizaron las pericias. Una de ellas realizada por la Dirección de Criminalística y otra efectuada por un perito de parte, que arrojó que el manuscrito hallado en la casa de uno de los imputados corresponde a la mano escritora, y es así como se menciona en el informe, de otro de los imputados. Ese manuscrito es básicamente una lista de precios de armas”, mencionó Aramberry, excusándose de dar nombres a través de la entrevista, por exigencias del proceso.
No obstante, es un solo manuscrito y de los tres imputados pertenecientes al Palacio de Justicia, solo dos se encuentran en pugna con acusaciones cruzadas y en este sentido, se trata de los empleados Vitali y Bertoni.
Como se recordará, la historia de esta causa surge a mediados de febrero de este año con el secuestro de un revólver en la comisaría cuarta de Paraná. El personal advierte que esa arma ya había sido secuestrada y enviada en sobre cerrado, como prueba a la Justicia. El delincuente, de apellido Touján, a quien se le incauta el revólver, habría admitido una compra en el mercado negro y algunas pistas llevan a Tribunales.
Dos meses de escuchas telefónicas y seguimientos, por parte de la División Robos y Hurtos dan sus frutos y el 4 de mayo pasado se resuelve judicialmente clausurar las puertas de los depósitos de efectos secuestrados de Tribunales. Al otro día, se ordenan diez allanamientos, entre ellos al domicilio de Maximiliano Bertoni, empleado de Tribunales.
Éste, en su indagatoria se busca desentender del origen de las armas, aduciendo que se las facilitaba el licenciado Antonio Vitali, perito del STJ, pero que nunca le dijo que eran del depósito oficial.
Culpó a la interna
Vitali se defendió aduciendo que se trataba de una “interna” para perjudicarlo y negó su relación con el mercado negro, pero un manuscrito que fue hallado en el domicilio de quien lo señala como la cabeza de la organización es el que ahora pesa como cinturón de plomo en quien intenta aún mantenerse a flote negando su vinculación con uno de los mayores escándalos que haya tenido que enfrentar la Justicia en Entre Ríos.
