De acuerdo al titular de ese organismo, Mario Oscar Rovira, en ambos años el monto de los gastos que se denunciaban sin justificar se aproximaba a los 11 millones de pesos.
La presentación también apuntó a los directores de Administración de la Cámara: Maximiliano Cretton, del Programa 17; y Maximiliano Alanis, del Programa 18.
Según Rovira, para la apropiación de dineros públicos se ampliaban “los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18, sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran. Con la finalidad de disponer de importes de gran volumen para ser sustraídos”.
Del análisis de la numerosa documentación y pericias acumuladas en cinco cuerpos, se destacan –por ejemplo– el informe pericial contable de la contadora Beatriz Pedrazzoli, donde se concluye que el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) a través de su cuerpo de auditores “verificó la legalidad de lo invertido” en los programas 17 y 18 de la Cámara alta.
También se consideró la Información Sumaria practicada por la Fiscalía de Estado, donde se precisa que la documentación que acredita la inversión de la suma denunciada había existido y eso motivó que fueran aprobadas por el HTC.
Mucha de la documentación probatoria no fue hallada en el Senado, pese a que las autoridades del gobierno radical firmaron, en 1999, un acta de recepción de la misma.
Igualmente importante resultó el aporte del secretario de Vocalía del HTC, Luis Ramos, quien sostuvo que el control de gastos de la Cámara se realizó “en el lugar” y “por los auditores permanentes”. Además dijo que “la documentación nunca es retirada de ningún organismo que se controle”. En igual sentido se pronunció la fiscal Irupé Cáceres, lo que le permitió concluir al juez “que los comprobantes en cuestión no pudieron extraviarse en otro ámbito que no fuera el de la Cámara”.
Igualmente relevante fue el hecho de que el acta firmada el 11 de diciembre de 1999 por las autoridades salientes, las entrantes y el HTC, se hizo des-pués “de realizarse un arqueo e inventario de toda la documentación que se entregaba”.
Si bien ello quedó sujeto a una posterior verificación, los auditores del HTC nunca fueron llamados para hacerlo; al igual que tampoco las nuevas autoridades requirieron un arqueo de fondos, “lo cual refleja una indudable omisión por parte de los funcionarios entrantes”, señaló el magistrado. El juez también indicó que si “se hubiera advertido alguna irregularidad, habría sido aquel el momento oportuno para efectuar los reclamos”.
Igualmente señaló Maldonado que como los gastos cuestionados fueron en su momento aprobados por el HTC “debe inferirse que el meticuloso procedimiento de control de gastos empleado por el órgano de control de las finanzas de la Provincia, no habría permitido la aprobación de las cuentas de los Programas 17 y 18 si no se hubiera contado con la documentación respaldatoria”.
Por último, aunque explicó que la desaparición de la documentación del Programa 18 impidió evaluar si se hizo correctamente, señaló que esa circunstancia “imposibilita también avanzar en la imputación (…) toda vez que se estaría exigiendo a los sospechosos defenderse de hechos respecto de los cuales no existen pruebas sustanciales (…)”.
Y agregó: “Pero más allá de todas las especulaciones posibles, debe presumirse con grado de evidencia, que en el caso particular no existió perjuicio fiscal para la provincia, toda vez que las rendiciones correspondientes fueron aprobadas por el HTC”.
