En declaraciones a medios de Concepción del Uruguay, el candidato a diputado nacional insistió con su propuesta de “atar los sueldos de los funcionarios de los tres poderes al salario mínimo vital y móvil”. Luego añadió: “queremos establecer por ley que los sueldos de los funcionarios electos estén en relación con el SMVM y sólo puedan aumentarse cuando aumenta éste. Ese mecanismo impediría que siga sucediendo lo que pasa hoy: la brecha de desigualdad se agranda, porque quien está en la función pública puede aumentarse su propia remuneración desentendiéndose de lo que perciben los que están bajo su dirección”, aseguró.
“Yo no quiero funcionarios con sueldos miserables y que, por esa causa, sean propensos a la corrupción. Quiero funcionarios que ganen bien. Pero no quiero que se desentiendan de cuánto ganan sus representados. No quiero funcionarios que se preocupen por el poder adquisitivo de sus propias remuneraciones y se desentiendan olímpicamente de las que reciben los ciudadanos a los cuales representan y deberían defender. Mire, la cuenta es muy sencilla: si el salario mínimo hubiera experimentado, desde 2008 hasta hoy, los mismos aumentos que tuvieron los legisladores nacionales, hoy, en lugar de estar en 3.300, estaría en 5.232. Y si tomamos como referencia el sueldo presidencial, debería superar los 6.100 pesos”, explicó el candidato socialista.
El candidato también se refirió a este tema, tomando datos oficiales: «Según las estadísticas del propio INDEC, el 90 por ciento de los hogares argentinos subsiste con menos de 6.000 pesos por mes por cabeza, o sea por integrante de cada hogar. De manera que hay que avanzar con propuestas que distribuyan mejor el ingreso. Y para empezar por donde se debe, hay que tomar los salarios de los funcionarios de los tres poderes y atarlos al salario mínimo vital y móvil. Si desde el Estado se da el ejemplo, todo es más fácil», aseguró.
El dirigente socialista recordó además, que en la Argentina no hay ley de información pública, y por lo tanto, es muy difícil saber cuánto es lo que ganan los funcionarios. “Eso también debe ser modificado”, enfatizó.
“¿Cómo calificaría usted a los directivos de una empresa o institución que cuidan su propio poder adquisitivo pero no cuidan el de sus colaboradores, y no sólo eso, sino que se lo ocultan? Eso es un privilegio, inadmisible en una república con una concepción democrática robusta. Por eso proponemos instituirlo por ley. Ya en 2008 en la reforma de la Constitución Provincial, presentamos esta iniciativa. Luego en el Congreso Nacional y también en la Legislatura, en ambos casos con Lisandro Viale. Pero hasta acá, la dirigencia se hace la distraída respecto del tema. No obstante, confiamos en que en algún momento –como ha pasado con otras de nuestras propuestas– se la tomará y podrá prosperar. Eso sería mejorar un poco la democracia”.
