En diciembre pasado, desde la oposición advertían que se iba a producir una suba importante del servicio. Las concejalas Magdalena Reta y Carola Laner y sus ex compañeros de banca, Esteban Benítez y Nicolás Moulins, se opusieron al tarifazo. Pero el oficialismo lo aprobó.
“En enero esos aumentos se hicieron reales y la gente empezó a recibir las facturas”, acotó Sastre. En consecuencia, comenzaron los reclamos. Sastre sostuvo que empezó a recibir quejas de manera informal en el teléfono, en la calle o en el despacho. La gente le pedía hacer algo desde la oposición. En consecuencia, publicó un mensaje en Facebook donde se hace eco de la situación y publicó su número de celular que utiliza como concejal. “Di mi número y empecé a recibir un montón de reclamos que se materializan en enviarme la foto de la factura y contarme cuanto estaban pagando y cuanto están pagando ahora”, indicó a Radio Ciudadana (FM 89.7). Esta noche, a las 20:30, en la sede del Pro de calle Alberdi casi Hipólito Irigoyen, se reunirá con las personas que están reclamando.
Entre otros mensajes, recibió las quejas de una mujer quien relató que su madre jubilada debe pagar más de $ 1000 de agua en enero de 2020. “Imposible de pagar”, le indicó. Y añadió que se aprobó un recargo del 35 % a quienes se demoran en pagar. “Un jubilado que no puede pagar encima le estamos aplicando un recargo porque no pudo pagar. Eso me parece que es muy malo porque tras que no puede pagar por el solo hecho lo estamos penalizando”, reflexionó. O de un adjudicatario de una vivienda del Iapv que tiene medidor de agua pero en Obras Sanitarias no lo registraron. Hay que recordar que desde este mes se impone un recargo a quienes no tengan el aparato.
Al mismo tiempo, el edil dijo que necesitaba más información al respecto. “No me gusta hablar en el aire, ni hablar de más, ni decir cosas que no son”, dijo. En ese sentido, menciono que está trabajando en la recolección de información. “En base a eso queremos llevar propuestas y alternativas para presentarle al Ejecutivo cual es nuestra visión de la situación”, señaló. No obstante, Sastre admitió que integra un bloque de cinco integrantes, clara minoría en un cuerpo de 13, por lo que ni puede salir ninguna norma sin el visto bueno de, al menos, dos integrantes del oficialismo para alcanzar la mayoría simple.
Por ello, cuestionó el sistema de cobro, por valuación basada en los metros cuadrados edificados, y señaló que debería apuntarse a los medidores de agua. Y, teniendo en cuenta que el intendente de Concordia hasta 2019, Enrique Cresto, asumió al frente del Enhosa, se podría hacer un pedido similar al que hizo el mandatario comunal de Chajarí, Pedro Galimberti, quien pidió que esa repartición nacional financie el 25 % del costo de los mismos.
Además, cuestionó que se penalice a quienes no tienen medidor y, en su lugar, se debió ofrecer alguna ayuda o incentivo para que los coloquen. En Concordia, de 40.000 usuarios del servicio de agua potable, solo 7.000 tienen el caudalímetro. “Para mí la ordenanza estuvo mal planteada desde ese punto de vista”, dijo.
Sastre fue consultado sobre el aumento desproporcionado de los gastos del Ente como la energía eléctrica durante los cuatro años de Cambiemos en el gobierno nacional. Por ejemplo: en diciembre de 2015 pagaba $ 250.000 de luz y en diciembre de 2019 $ 6.000.000. Sastre dijo que, si bien es cierto que “la luz es uno de los costos y ese costo aumentó”, también señaló como ejemplo que la Cooperativa de Agua de Villa Adela paga la misma factura de luz y es superavitaria.
Además, dijo que en uno de los mensajes que recibió es un análisis de los costos de Obras Sanitarias desde 2013 en adelante, comparado con el dólar y la inflación. “El aumento del dólar fue del 700 %, de la inflación fue del 500 % y sin embargo el aumento de la tasa de Obras Sanitarias fue del 900 %”, dijo.
Otra cuestión a revisar es el porcentaje de pago de la base tributaria. Ayer en un reportaje radial, el interventor del Edos, Jorge Mendieta, reconocía que el 30 % de los usuarios no pagaba la tasa. “Hay mucha gente que no paga la tasa de agua”, dijo. Entre otras razones, por no ser titular del terreno. En muchos casos, los terrenos pertenecen al Iapv y por eso no se factura.
Por otra parte, dijo que no buscaba desfinanciar al Edos para que la municipalidad tenga que salir a subsidiarlo nuevamente. Pero reiteró que hay otros modelos a seguir como las cooperativas de agua de Villa Adela o Villa Zorraquín. “Hay que tratar de amortiguar el impacto que la gente está teniendo en el bolsillo proponiéndose tres metas”, dijo. El primero es ayudar a quienes no pueden pagar la tasa hoy en día. El segundo es analizar el sistema de cobro dado que no es el mismo consumo el que genera una casa grande pero donde vive una sola persona que el de una vivienda chica pero donde viven 10 personas que consumen agua. Hoy, por el sistema de valuación, paga más el de la vivienda de mayores metros cuadrados edificados. Y por último, pidió que se realicen audiencias públicas antes de aprobar algún aumento de tasas.
