«No lo veo preocupado por los temas que le preocupan a la gente, vive en otra realidad y eso quedó demostrado en su discurso del Congreso. Él debería estar en Rosario, dando la cara y llevando respuestas» afirmó Sastre.
No conforme, el edil de JxC elevó la critica al cuestionarle al Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien dijo que la pelea con el narcotráfico se había perdido. «No es serio que un Presidente sostenga un ministro de ese nivel, debería haberle pedido la renuncia por incumplimiento de sus deberes».
Por último Sastre dijo que espera que cuando venga a Concordia, «haga anuncios sobre seguridad porque demostrado está el crecimiento de la inseguridad, del narcotráfico y de la falta de respuestas del Estado. No queremos que nuestra ciudad se convierta en Rosario».
Sastre se mostró en una foto con la Presidente del Pro quien expresó por Twitter que “No alcanza con mandar solamente a la Gendarmería a Rosario. Nosotros en su momento llevamos 3000 gendarmes. Ahora hay que hacer tareas de saturación con las Fuerzas Armadas para recuperar el territorio”.
El CPM (Comisión Provincial para la Memoria) de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que en “la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado. La misma estuvo amparada en lo que se llamó la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, impuesta por EEUU para todo el continente Latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo político trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional”. (https://www.comisionporlamemoria.org/no-a-la-intervencion-de-las-fuerzas-armadas-en-los-conflictos-internos/)
“Las leyes de defensa nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y la ley de seguridad interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner) fueron determinando esos límites”.
