Vale destacar que fueron dos los planteos de nulidad y ambos rechazados por el juez de Garantías.
Perroud citó a Alberto Funes Palacios (juez de Garantía que ahora ocupa un cargo en la Cámara) ; los dos delegados judiciales, entre ellos, Martín Nuñez, el oficial de policía Arce que fue quien confeccionó el acta de allanamiento, los fiscales Dri y Zabaletta y Zabala y su abogado Rafael Briceño.
En su resolución, a la que tuvo acceso DIARIOJUNIO, el juez de Garantías Darío Perroud desestimo los planteos de nulidad invocados por la defensa; argumentando en el primero de los casos, (sobre la apertura de causa), que la misma no es violatoria del código de procedimientos, ya que la investigación a la persona de Zabala, surgió de un legajo de investigación previo, que los fiscales iniciaron de oficio para establecer formas y circunstancias en las que se produjeron los delitos calamitosos en las jornadas del 8 y 9 de diciembre de 2013, y que una vez identificados algunos de los autores de estos hechos, se conformaron diversos legajos individuales de investigación, a los fines prácticos de que la investigación fuera más ágil. Además, el Juez destaca que la primera resolución obrante en el legajo de investigación que tiene por imputado a Zabala, señala expresamente que surge del legajo madre iniciado de oficio y que se encuentra como prueba en el Juzgado de Garantías.
El otro planteo de nulidad formulado por la defensa, referido a imprecisiones en el acta de allanamiento del domicilio de Zabala, como el nombre de pila y el número de domicilio a allanar; el Juez refirió que no corresponde dicha nulidad, ya que en efecto, la vivienda allanada era la que los fiscales pretendían allanar, y en la línea de la investigación iniciada. Incluso, Perroud sostuvo que los fiscales podrían no haber señalado el número de domicilio y simplemente con características de la casa, color de puerta, rejas y otros detalles, identificarla. Lo que se refuerza con el testimonio del juez Alberto Funes Palacios, a quien los funcionarios policiales comunicaron antes de allanar el inmueble que no coincidía el numeral citado en el acta con el de la vivienda, pero que sí se trataba de la vivienda de Zabala, por lo que el juez autorizó telefónicamente el procedimiento.
