En la comunicación remitida al Gobierno nacional esta mañana, y de la cual el Ejecutivo acusó recibo, el organismo de la ONU dedicado a la prevención de la desaparición forzada “expresa su preocupación por la integridad física y psicológica de Maldonado”, informó el CELS. El organismo de derechos humanos local replicó las definiciones del documento que no fue difundido. Según la transcripción, el Comité insta al Gobierno nacional a cumplir con una serie de medidas en carácter de “urgente”.
Entre ellas, requiere a las autoridades que adopten “inmediatamente” las “medidas urgentes que sean necesarias para buscar y localizar” al joven de 28 años que desapareció el 1 de agosto tras el operativo represivo de la Gendarmería y la Policía de Chubut en el la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, en Chubut, y que para eso tomen “en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. Varios testigos vieron correr a Santiago para resguardarse de los disparos que realizó la Gendarmería en su ingreso al territorio de la comunidad, al ritmo de balas de goma y plomo. Para escapar, muchos integrantes de la comunidad cruzaron un río que atraviesa el territorio. Según los testigos, Santiago no logró cruzarlo y se refugió bajo un árbol.
El Comité exige al Estado argentino que garantice “la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo”, elementos que servirían para ubicar al joven así como identificar a “las personas responsables de su desaparición”.
Además, advirtió la necesidad de que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición”. Ayer por la mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo suya la versión de la fuerza de seguridad que lideró la represión en Chubut y que, desde ya, negó haber tenido contacto con Maldonado. En ese sentido, Kletzel explicó que aunque en el texto de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas –de donde emerge la creación del Comité que exigió la acción urgente a Argentina– está estipulado que si una fuerza de seguridad pública está sospechada de haber participado en la desaparición de una persona no puede intervenir en su búsqueda, “lamentablemente la Gendarmería estuvo apostada en las cercanías del territorio todos estos días, monitoreando quién entraba y salía de la comunidad e incluso hubo un episodio de hostigamiento al hermano de Santiago, Sergio Maldonado”, denunció. Por ese motivo insistieron al organismo internacional que recordara que la fuerza debe ser apartada.
El CELS acudió a la ONU el sábado, cuando Santiago llevaba cuatro días sin dar señales. “Acudimos a instancias internacionales porque las autoridades nacionales no nos dieron respuestas”, remarcó Kletzel, quien advirtió que el caso es “muy preocupante”. Según informó el organismo de derechos humanos, el Gobierno argentino debe informarle al Comité de la ONU las acciones llevadas a cabo “para localizarlo, para aclarar su desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”, así como adoptar “las medidas cautelares de protección” a sus familiares, a sus representantes y a los miembros de la comunidad mapuche que están abocados a su búsqueda para que puedan desarrollar la tarea “sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento”.
“La comunicación es clara y rígida respecto de lo que debe hacer el Gobierno nacional, no le deja márgenes para no actuar”, evaluó la experta y concluyó: “Es urgente que Argentina acate esta decisión y que el joven aparezca con vida cuanto antes”. Junto a otros organismos de derechos humanos, el CELS participará este mediodía de una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
