La cláusula establece que si en 180 días no se pone en funcionamiento la planta frigorífica, el inmueble vendido volverá a ser un activo del Banco Nación. El documento revela que “han pasado más de 100 días desde el anuncio de la venta que debía ser condicionada por un pacto de retroventa”.
Asimismo, advirtieron que “sólo se están realizando trabajos de limpieza y mantenimiento mínimos. Entendemos que son tareas previas a las otras; las que realmente deberían construir la inversión prometida que comprobamos no tienen ninguna fecha precisa de realización”, señalaron en un comunicado de prensa.
Así, enumeraron que, por ejemplo, aún no está aprobado el proyecto para iniciar los trabajos para la provisión de gas a la planta, o la pileta de tratamiento de efluentes, mencionada reiteradamente como una de las inversiones importantes e imprescindible, y no se sabe en qué lugar ni cuando se construirá.
“Queremos confiar en que el funcionario provincial, como nosotros, advirtió esta situación y que actuará en consecuencia. Por ello, seguramente, se comprometió a gestionar una presencia inmediata y periódica del Senasa para que indique y controle junto a su Secretaría las reformas y el tiempo en que deberán hacerse”, enfatizaron desde la UCR.
Más adelante, arremetieron contra Sergio Taselli, subrayando que “es evidente que hasta el momento el empresario no tiene presentado ningún proyecto serio y acabado en el Gobierno provincial, ni este lo ha exigido”. “Es decir, la reapertura cercana que se insinúa desde el Gobierno es una expresión de deseos o una falsa promesa electoral”, consideraron.
Además, indicaron que hasta hoy tiene más valor lo que salió de la planta en los últimos días (hojalata, fuel oil, maquinarias) que lo gastado en limpieza y mantenimiento.
Por último, el documento insta al Gobierno a que “aleje el tema del frigorífico de la instancia electoral, que no reitere errores ya cometidos y entregue por segunda vez sin condiciones esta fuente de trabajo. Insistimos en que las condiciones de inversión y resultado que el Gobierno provincial debe imponer al empresario al momento de la escritura, deben ser oportunas, claras y precisas para que ante el incumplimiento se opere la retroventa que fuera anunciada públicamente por Kirchner, Busti y Micelli”, concluyeron.
