Argentino González, delegado del gremio en Santa Elena 80 Viviendas, señaló que el domingo caducará el plazo de suspensión. En caso de no obtener respuestas favorables por parte de la empresa o del IAPV, mañana realizarán una asamblea para decidir las acciones a seguir, y no descartan la toma de la obra.
Como causa de la paralización de la obra Santa Elena 80 Viviendas, la empresa argumentó que reparó destrozos realizados por intrusos por un monto de $ 72.436, más los intereses respectivos que no fueron aún percibidos.
La empresa reparó roturas y en puertas y ventanas, mesadas, sanitarios y pintura externa. “La reparación e indemnización corresponde al IAPV como dueño de obra conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y pliego de obra, pese a lo cual aún no verificó su existencia y consiguientemente tampoco reconoció reparación alguna”, señalaron los empleadores.
Asimismo, se señaló que el IAPV continúa abonando certificados de obra con precios a valores de abril 2005, sin haber redeterminado el precio conforme lo dispuesto por decreto provincial 2539/02 y 3338/05, lo que provocó una lesión a las finanzas de la empresa, por el incremento experimentado por los costos de mano de obra y materiales.
Por otra parte, recalcaron que los certificados se pagan con atraso y sin intereses desde octubre de 2005. Respecto a la obra Santa Elena 40 viviendas, los empresarios sostuvieron que, al igual que en el caso anterior, se están abonando los certificados con valores de septiembre de 2005 y con mora. Desde el Instituto, en tanto, se argumentó la falta de recursos financieros, aunque se trata de viviendas que cuentan con 75% de financiamiento de la Nación.
El año pasado la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Comar SRL y 3 K presentó quiebra y quedó a deber muchos conceptos a los empleados. El 19 diciembre se hizo cargo Taxsa como subcontratista.
En un convenio firmado el 2 de junio entre la empresa y los empleados, se estableció que si no se obtiene ninguna respuesta del IAPV las partes acordarán alternativas; pero se dejó constancia de que, previo al reinicio de los trabajos, la firma despedirá parte del personal de la plantilla por encontrarse la obra en su etapa final.
“No queremos que pase lo mismo que con la empresa anterior que quebró y quedamos todos sin cobrar y a los despedidos tampoco les hicieron la liquidación final. Ahora estamos en riesgo de no cobrar los aportes del fondo del desempleo y la quincena trabajada como ya nos pasó”, indicó González.
Cuando la empresa Taxsa se hizo cargo, los trabajadores aceptaron cobrar en cuotas el monto de asignaciones familiares de septiembre a abril. En virtud de ese convenio la última cuota se percibirá en septiembre. “Se nos debe plata de todos lados”, expresó el trabajador.
