Se denominó ordenanza ómnibus y fue aprobada a libro cerrado. La misma establece, entre otros puntos, el cobro de una tasa a los propietarios de maquinarias agrícolas que prestan servicios a terceros en San Salvador y conceder algunas atribuciones al Ejecutivo municipal como la contratación directa de algunos servicios.
En lo que se refiere al cobro de una nueva tasa, la medida generó polémica y no se descarta el inicio de acciones judiciales contra la Comuna por considerar que se trata de un impuesto encubierto, ya que los empresarios que operan con este tipo de maquinarias deben pagar como mínimo 150 pesos mensuales.
La norma, que se aprobó el año pasado pero que comenzó a regir en enero de 2004, generó la oposición no sólo de la Asociación de Contratistas de Maquinarias Agrícolas de Entre Ríos (Acmaer) sino también del bloque minoritario del Frente Social.
Es que la ordenanza ómnibus, estipuló que los propietarios de maquinarias agrícolas que prestan servicios a terceros para la recolección de las cosechas o trilla deben pagar obligatoriamente esa tasa, que para Acmaer es ilegal, ya que no hay contraprestación de servicios.
“Ilegal, abusiva y extorsiva”
Con la recomendación de la Federación Nacional, la entidad sansalvadoreña que nuclea a más de 50 propietarios, aconsejó explícitamente “no pagar la tasa”, ya que es considerada “ilegal, abusiva y extorsiva”. Desde su aplicación sólo unos pocos desprevenidos, pagaron una vez ese gravamen a la comuna, el resto sigue los consejos de los asesores legales.
“Nuestra postura es rechazar ese impuesto, porque no corresponde que la Comuna lo cobre. La tasa fue calculada con una alícuota del 1,15 % sobre la facturación, pero a la vez se fijó un mínimo de 150 pesos”, comentó, el presidente de Acmaer, Germán Hill.
El dirigente aclaró que no “se está aconsejando a los socios que se declaren en rebeldía, sino que no corresponde legalmente que el Municipio cobre ese impuesto, porque además, el servicio se presta fuera del ejido municipal, es decir en la zona rural”.
Con la asesoría legal de un estudio jurídico, la entidad explicó que tal como lo establece la Ley 3.001, el Municipio sólo puede crear tasas con contraprestación de servicios y en este caso en particular, la actividad económica que se desarrolla es fuera de la jurisdicción municipal. “Este gravamen no sólo es distorsivo sino también inconstitucional”.
Impuesto “encubierto”
El bloque radical también se sumó a las críticas. No sólo por la tasa, sino por lo “abusiva” y los “superpoderes” que se le otorga al intendente Hugo Vilhem.
“Consideramos que es un abuso del Gobierno municipal que sólo tiene en mente recaudar a cualquier precio mientras los problemas básicos de San Salvador siguen sin solucionarse a casi 10 meses de gestión, como el estado deplorable de la vía pública, calles sin enripiar a pesar de la compra de ripio y basurales a cielo abierto sin proyecto a futuro”, denunció Martín Gerard.
Para el presidente del bloque, Hugo González, “esta es una gestión que inventó la figura de la emergencia económica para subir las tasas al 200 %, medida irrazonable que no guarda relación con la inflación habida desde la devaluación del peso de enero de 2002”, a la par de denunciar que “mientras se agita la bandera de la emergencia se compran u$s 150.000 y se los guarda en una caja de seguridad que no tiene control alguno”.
Para la oposición radical la tasa constituye un “impuesto encubierto que no tiene ninguna base de legalidad porque ese gravamen se incorporó en la megaordenanza de emergencia que la mayoría justicialista aprobó a libro cerrado y sin discusión ni debate, y que nosotros rechazamos totalmente: ahora la gente está comprendiendo la gravedad de lo que ha pasado y las consecuencias comienzan a verse cuando el gobierno ejercer su poder de presión”, indicó Gerard.
