Por un lado, la empresa “Fana Química”, ubicada sobre la margen del río Uruguay, fue cerrada en enero pasado. Raffo, en varios medios, dijo que la empresa no cumplía con los requisitos exigidos. “Hacía más de 30 años que trabajaba sin permiso. Ya todos sabemos que anteriormente no habían leyes ambientales”, dijo Páez. Aunque unos días después, se le entregó a la empresa un permiso precario para que no se cierre la fuente laboral, el sector que genera afluentes seguía sin poder funcionar.
Más tarde, Raffo visita tres empresas más: dos avícolas (una sobre la margen del Uruguay, otra en el medio de San José) y otra de carne vacuna. Dentro de una de las avícolas funciona una planta que industrializa plumas, sangre y vísceras de las aves. “Después de visitarla y hablar con los empresarios dice que la recorrida fue positiva”, señaló Páez.
El resultado consignado por Raffo no coincide con la apreciación de la asambleísta y de los vecinos. “En San José desde hace muchos años se viene reclamando por olores que generan las empresas; en las inmediaciones de la empresa no se puede respirar”, indicó Páez. Los arroyos son los elementos que, en mayor grado, han sufrido la contaminación generada por las empresas. “Años atrás la gente podía bañarse; hoy ya no lo puede hacer. No se necesita mucho conocimiento para saber que el agua está en muy mal estado; podrida”, añadió.
No obstante, Medio Ambiente no cerró ninguna empresa. “No se le cerró el tratamiento de efluentes. Mi pregunta es saber que fue lo positivo porque, en realidad, mirando la parte ambiental deja mucho que desear”, indicó la ambientalista.
Aparentemente, Raffo sostuvo que se elaborará un “plan de contingencia”. “También le pregunto a que se refiere con plan de contingencia; si se refiere a esperar que algo suceda; si se refiere a que las empresas modifiquen la situación que tienen con respecto al tratamiento de efluentes… la verdad que no sé a que se refería”.
Por otra parte, Páez mencionó que el funcionario señaló la existencia de créditos para las empresas. “Los bonos verdes o bonos de carbono y que la provincia va a trabajar en ese sentido para conseguirles créditos a las empresas”, dijo Páez. No obstante, la ambientalista sostuvo que las dos avícolas forman parte de las cinco más grandes del país. “Son empresas exportadoras que tienen sellos de calidad ¿el pueblo también tiene que pagarle al secretario de Medio Ambiente para que se dedique a buscarles créditos a las empresas que también reciben subsidios del Estado?”,se preguntó.
Cerca de las empresas hay lagunas, donde se tratan los efluentes, pero Páez señaló que “a simple vista se nota que en realidad el tratamiento que tienen no es el adecuado”.
Incluso, señaló que las firmas se amparan en los puestos de trabajo y amenazan con despidos para no respetar el artículo 41º de la Constitución Nacional –“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”-.
En cuanto al rol del municipio de San José en el tema, señaló que creó “hace muy poquito” la división de Medio Ambiente. “Hay una persona a la cual conozco y respeto muchísimo”. Más adelante, dijo que “no es lo mismo al área de medio ambiente del municipio, que ni siquiera tiene el rango de secretaría, que el área de medio ambiente de la Provincia”, señaló.
