La causa se denomina “Aguiar, Jorge y otros s/amenazas, disparo de armas de fuego, tenencia de armas de uso civil”. Fuertes negó el acceso al expediente y Acosta agregó que, “nadie entiende hasta el día de la fecha, y menos del Juzgado, dio una explicación de cual ha sido toda esta movida”. “La gente debe empezar a ver esto con preocupación porque las garantías y derechos constitucionales que todo ciudadano tiene en estas condiciones de poco valen”, señaló Acosta, quien ve en la instrucción “tamañas desprolijidades y contradicciones”.
“Se está jugando con fuego, se está involucrando mucha gente que entiendo que hasta este momento es inocente”. Acosta aseguró que algunos medios han “defenestrado ante la comunidad” a los allanados. “Se habló de la posible presencia de estupefacientes. Incluso, uno no quiere ver fantasmas, pero en estos casos creo que realmente están dando vueltas”, indicó.
“Lo único que se tiene son dos armas de uso civil registradas, con autorización y un vehículo secuestrado a un honorable ciudadano de Villa Elisa, señor Bourlot, que había sido propiedad de Santa Cruz”. Para Acosta, el automóvil “no se condice en absoluto con los datos bastante vagos que podrían tener relación con un supuesto vehículo que participó de un hecho delictivo”.
Para el defensor de Santa Cruz, subyace una cuestión política. “Lo único que se ha tratado de hacer con todas esta cuestión es fustigar a una gestión de gobierno, a tal punto que en un momento surgió que se había allanado hasta al propio domicilio del intendente de San José. Evidentemente, alguna connotación política tiene que existir”.
El 15 de noviembre Fuertes les tomará declaración indagatoria a Vitasse, Aguiar, Moreno y Villanueva. Pero, debido a declaraciones periodísticas, Acosta señaló que se han adelantado al 2 de noviembre. El abogado aseguró que tomará la defensa de los cuatro citados.
Acosta señaló otra irregularidad. “Se dijo que todos los allanamientos fueron llevados adelante por el juez de la causa. Pero, en particular, en el de mi cliente (Santa Cruz) no estuvo presente en ningún momento el Dr. Fuertes”. “En todas estas diligencias se ha secuestrado una campera negra y dos armas que son propiedad del señor Aguiar, quien se encuentra autorizado a portar armas que están registradas porque hace vigilancia privada”.
Sin explicaciones
El juez Fuertes rechazó la posibilidad de acceder al expediente, mediante una cédula, a Santa Cruz. “El requirente no reviste el carácter de parte en el proceso, ni se ha iniciado causa contra el mismo, no siendo motivo bastante para ello el hecho de haberse allanado el domicilio del requirente”, dice la misma.
Acosta concluye que, “la Justicia no está a la altura de las circunstancias, porque firmar un allanamiento significa una responsabilidad muy grande, muy grave por las consecuencias que puede acarrear, para luego decir livianamente en una cédula que un allanamiento no significa que se le esté investigando algo”.
Acosta manifestó que también se suscitó una paradoja, porque le negaron el acceso al expediente citando el artículo 211º del Código Penal hasta que no se produzcan las declaraciones indagatorias, “siendo que en la última parte del art. habla de que los preventores policiales no podrán divulgar noticias de un sumario en trámite sin autorización previa del magistrado competente. La infracción será considerada falta grave pero acá se ha filtrado información en gran manera”.
El letrado, siguiendo con la interpretación del 211º, indicó: “el secreto de sumario no puede ser sostenido por más de diez días y en casos excepcionalísimos, autorizado por la Cámara mediata superior, se lo puede autorizar por otros diez días más”. Pero el expediente, a pesar de haber transcurrido dos meses desde los allanamientos, aún no le fue entregado al letrado.
