Tras los allanamientos dispuestos por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la investigación de la desaparición del ARA San Juan, en las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano y en el Edificio Libertad, la propia jueza confirmó que había recibido documentación acerca de la inspección al submarino posterior a la reparación de media vida en la que se advertían "falencias" en el arreglo del navío desaparecido.
Poco después, Luis Tagliapietra, familiar de uno de los tripulantes, además de querellante, confirmó que la última auditoría realizada por la propia Armada, en septiembre del año pasado, había determinado "el estado de innegabilidad" de la nave. Entre otras "falencias", la auditoría había constatado "salvavidas y bengalas vencidas".
En el informe de 15 páginas elaborado por el auditor de entonces, Eduardo Pérez Bacchi, según Tagliapietra, también se consignaba que el fabricante del submarino recomendaba que la nave fuera traslada a un dique seco cada 18 meses "para una revisación general" y que el San Juan en septiembre de 2017 llevaba 39 meses de actividad ininterrumpida.
Tagliapietra denunció que la Armada Argentina no había entregado toda la documentación solicitada por los querellantes y que en diciembre había habido "movimientos sospechosos a altas horas de la noche" en el Comando de la Fuerza de Submarinos y Arsenales.
El padre del submarinista Alejandro Tagliapietra, quien realizaba su primer viaje relevante cuando desapareció el ARA San Juan, aseguró que en el viaje anterior al de su desaparición el submarino "sucedió un inconveniente similar" al que determinó su eventual implosión, que la tripulación había podido sortear navegando en superficie hasta llegar a puerto.
