El estudio será realizado por peritos de la Corte Suprema, que deberán evaluar, uno por uno, cada uno de los legajos que hayan terminado con el pago de una indemnización.
Uno de los cuestionamientos centrales a los funcionarios que autorizaron los pagos es que, en los últimos años, se indemnizó a supuestos damnificados por crecidas de la década del 80 sobre la base de pruebas muy pobres. Por qué, aún no se sabe.
Las propias autoridades de la delegación argentina en Salto Grande son conscientes de las deficiencias que se encontrarán en esos expedientes. «¿Cómo acreditás un daño en una plantación de zapallo 15 o 20 años después?», dijo a La Nación Juan Carlos Cresto, presidente de la delegación argentina en la Comisión Mixta que dirige Salto Grande, cuando se hizo público el caso. Según Cresto, los ribereños tenían derecho a cobrar incluso más de lo que cobraron. «Se pagó porque una resolución de la Cancillería lo dispuso. En 1978, 1980 y 1983 hubo inundaciones que provocaron muchos daños a los ribereños y los gobiernos militares se negaron a reconocerlo», dijo.
Una auditoría interna terminada hace dos meses sostuvo que el Estado desembolsó millones de pesos con fundamento en «procedimientos irregulares, ineficaces y sobre la base de constancias probatorias carentes de convicción». Se refería, justamente, a los convenios de pago que se firmaron «varias décadas después de los supuestos perjuicios»; sin determinar, por ejemplo, qué monto correspondía por qué inundación. Los auditores hablaron de daños sobredimensionados, pagos totalmente improcedentes y un control muy deficiente del Estado.
En la Justicia creen que el caso es grave. En un oficio que Lijo hizo llegar a la Comisión Mixta del que dio cuenta La Nación, advirtió que existe una «fuerte presunción» de que no sólo existieron los hechos denunciados sino que, además, todavía se estarían cometiendo actos ilícitos.
Los investigadores advierten, en lo que respecta a las indemnizaciones «históricas», que tuvieran o no razón los ribereños, el Estado nunca debió haber pagado por daños que no estuvieran debidamente acreditados.
Pero eso no es todo. La causa investiga también si hubo planos fraguados, tierras que habían sido expropiadas y ahora están ocupadas con casas de fin de semana, indemnizaciones en zonas que jamás podrían haberse inundado y daños que el Tribunal Nacional de Tasación dio por probados sin haber realizado los más mínimos controles.
