El Instituto de Tierras y Viviendas municipal deberá ser el organismo encargado de intervenir en la evaluación de la situación socio-ambiental de la víctima de violencia de género con el objetivo de determinar la pertinencia de la asignación de la vivienda.
“Este nuevo proyecto de ordenanza que presenté pretende atacar el tipo de violencia denominado ‘económico y patrimonial’. La Ley Nacional de Protección Integral la define como aquella que ‘se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer’ a través de, entre otras cosas, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Claramente, la situación habitacional es uno de los factores determinantes para desarrollar esa dignidad y una de las necesidades primordiales a la hora de dejar el entorno violento”, expresó Sáenz.
La iniciativa es una más de las que han venido trabajando desde la concejalía. Entre ellas se pueden contar: licencia por violencia de género para trabajadoras municipales, creación de espacios adecuados para la lactancia materna, la resolución solicitando a la Legislatura Provincial informe de estado parlamentario del proyecto de creación de Fiscalía especializada en violencia de género para Concordia, pedido de informe al Superior Tribunal de Justicia acerca de las estadísticas provinciales en materia de violencia de género, una resolución sobre instar al gobierno provincial mantener un estado de alerta en todos los estamentos del estado tendiente a salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia de género, una minuta de comunicación y audiencias públicas acerca de la Ley Provincial de Talles.
