Por Federico Odorisio, de la Redacción de DIARIOJUNIO
El jueves de la semana pasada el Concejo Deliberante de Concordia -con voto de la mayoría oficialista- sancionó una resolución que aprueba el decreto de Bordet de octubre 2015 –apenas semanas antes de dejar su mandato como intendente- que permitía la cesión de derechos para la explotación del complejo termal de la firma VERTER S.A a una nueva sociedad llamada “Aguas Termales de la Concordia,” cuya sociedad estaría conformada por los titulares de la firma primera y nuevos socios quienes -por ahora- no se han dado a conocer ante la comunidad de Concordia, quien es la dueña real y legítima de las instalaciones sobre Avenida Monseñor Rosch, a metros del cruce con la Ruta 015.
El “saneamiento” de la compleja situación del predio termal generó rispideces y malestares no sólo dentro del recinto de los concejales sino también en buena parte de la sociedad de Concordia, que ve en esta resolución -al estilo “lo atamos con alambre”- un premio a la informalidad, la desprolijidad, la irresponsabilidad y la impunidad.
En octubre de 2015, la empresa VERTER S.A. comenzó las gestiones para ceder el contrato de concesión que tenía del complejo termal a una nueva firma llamada “Aguas Termales de Concordia S.A.” por lo que hizo la transferencia a la nueva firma por escritura pública. Si bien el incumplimiento de un cúmulo de obligaciones asumidas por el concesionario original podía significar la caducidad automática de la concesión de derechos de uso y goce respecto al predio, dando derechos a la Municipalidad de Concordia para cesar la explotación de recursos termales por parte de VERTER SA, un decreto del ex intendente, y actual gobernador entrerriano,Gustavo Bordet, autorizó de todas maneras la transferencia de derechos.
El expediente -por diversas razones aducen- quedó pendiente de tratamiento en el Concejo Deliberante y la “papa caliente” cayó en manos de la actual gestión del intendente Alfredo Francolini que se vio en el entuerto de tener que sanear una situación irregular que comprometía al municipio.
El accionista más destacado de Verter, en los comienzos de esta firma, era el empresario de la construcción y de la noche Miguel Marizza. Según el propio empresario -en una nota publicada en La Gaceta online en 2016- “para hacer la perforación, que costaba un millón de dólares, se armó una sociedad con YPF, que tenía el 50 por ciento; el Banco de Entre Ríos; los dos hoteles de Concordia, el Salto Grande y el Palmar; y Caballi SA, que tenía el 20 por ciento… A lo largo de los años se fueron liquidando las acciones de empresas inversoras como YPF, se fue el banco, se fueron los hoteles y quedaron el Grupo Fernández y Caballi SA.”
Fue así que el predio termal “Vertientes de la Concordia” fue un negocio que, de tener múltiples inversores, pasó a ser el emprendimiento de una de familia de apellido Fernández, cuyo principal referente es un señor de nombre Edgardo Fernández.
“Lo que se hizo en definitiva fue crear una nueva sociedad para la explotación del complejo termal con todos parientes nuestros. Se pasó a una sociedad más familiar. Esa es la realidad. Y los avales y las garantías siguen siendo de Fernández y de Caballi”, explicaba el empresario Marizza en 2016.
Años antes la firma echó gente sin indemnización y no pagó los aportes hasta el punto que al gremio de gastronómicos le debían una cuenta bastante grande.
La sociedad, por entonces, ya era dirigida casi con exclusividad por la familia Fernández, y soportaba un juicio varias veces millonario de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y de un puñado de ex empleados a los que había echado sin pagar indemnizaciones, a los que no les había hecho aportes, a pesar de habérselos descontado oportunamente de sus recibos de sueldos.
Con el objetivo evidente de que no embarguen las recaudaciones, la sociedad empezó a trabajar con CUIT de terceros, ajenos a la concesión, y la firma original fue dejada insolvente.
VERTER SA tiene el CUIT bloqueado por oficio ante la AFIP por no presentar declaraciones juradas durante, por lo menos, los últimos 3 períodos, situación por lo cual estuvo emitiendo los tickets de las entradas a las termas a nombre del hijo del titular de la concesionaria, Edgardo Gabriel Fernández, CUIT 20-29847451-5- sin autorización del Concejo Deliberante- quien nunca tuvo habilitación para la actividad sino que declaró ante la Municipalidad de Concordia que sus tareas son para restaurante, cantina y kiosco y a pesar de haberse comprobado que tenía deudas impositivas ante el ATER.
Por su parte, hasta la semana pasada la nueva firma “Aguas Termales de la Concordia” no tenía impuestos inscriptos en Entre Ríos y su situación ante la AFIP data recién de junio de 2020, no figura como empleador, ni registra actividad alguna. Por lo que la pregunta es si esa maniobra no fue para que el complejo fuera manejado por un concedente totalmente ajeno con el fin de demorar el pago de las indemnizaciones y negociar con la Obra social que no pudo lograr el embargo de las recaudaciones.
El presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cedro, explicó que “el contrato de concesión tiene una cláusula en la cual se puede cambiar el explotador. Pero, la condición es que la autorice el concedente”, detalló.
El abogado Cedro dijo también a DIARIOJUNIO, que “En algún momento había que resolver la cesión. Hacemos la aprobación del decreto de Bordet, pero -independientemente de eso- intimamos a que ambas empresas acrediten todo lo que es la cuestión tributaria y fiscal, y el tema del personal. Si bien sobre la cuestión del personal hay una cláusula en la cesión que pasa el personal de una empresa a la otra y que cada relación contractual se va a hacer por instrumento separado, ahí la nueva empresa verá lo que hace. Si lo rescinde se pagan las indemnizaciones. Ellos, lo que plantean, es que van a transferir el personal de una empresa a la otra.”
Sin duda la gestión actual procuró arreglar el desaguisado de gestiones anteriores, aunque es inevitable preguntarse si lo correcto no hubiera sido dar por terminado el contrato de concesión y llamar a una nueva licitación.
DIARIOJUNIO habló con una ex empleada de la firma durante 7 años (según contó fueron 3 años en negro y 4 en blanco anotada con medio jornal), que estuvo en juicio con la misma, y fue lapidaria respecto a quienes vienen manejando el predio termal desde hace 25 años: “Durante los años que trabajé anotada me descontó para la obra social y los aportes jubilatorios, pero jamás me los aportó.” También expresó a este medio que “Fernández es la impunidad en persona. No da puntada sin hilo y siempre lleva agua para su molino. Una persona que jamás va hacer las cosas por buena ley o por derecha. Con muchos contactos en sectores de poder. Tenía gente dentro del gremio que le avisaba cuando iban las inspecciones y nos hacía esconder con total prepotencia en baúles de autos o dentro de un bungaló. Te faltaba el respeto, te insultaba y te hacía trabajar dos o tres horas extras cuando se le antojaba y jamás las pagaba. Hubo un año que nos pagó la mitad del sueldo, no recuerdo si fue en 2008 o 2009, con la excusa que no entraba gente a las termas y el apareció esos meses con un BMW nuevo.”
Respecto a la situación de VERTER SA, Cedro dijo a DIARIOJUNIO que -según sabe- “con el tema del personal tenían una deuda, pero en enero hicieron un convenio. Tengo entendido que con la AFIP tienen hecho un convenio también.”
Según fuentes confiables de gastronómicos, ellos se vieron obligados a acordar porque no tenían nada contra quien ejercía la actividad, así que tuvieron que acceder a un acuerdo por debajo a lo que se reclamaba.
El concejal Cedro explicó que “la idea es sanear la situación irregular con la que funcionaba una concesión por un decreto de hace 5 años. Por distintas razones no se pudo y había que hacerlo. Esto de alguna forma había que resolverlo por sí o por no. Esta es una realidad. Ya estaba hecha la transferencia y lo más lógico era sanear esa situación y seguir adelante, independientemente a la concesión que van a tener que cumplir.”
Las exigencias de la actual gestión serían las mismas que durante muchos años tanto la firma VERTER SA y los responsables para el cumplimento del contrato de concesión no hicieron valer. Cabe señalar que es obligación del Estado controlar que las empresas concesionarias cumplan. Es mayor, incluso, la responsabilidad cuando se trata de bienes públicos y es un acto de incumplimiento de los deberes de funcionario público no controlar las empresas concesionarias del Estado.
Desde el año 2009 existe una Comisión Municipal de Control del Predio Termal, integrada por ediles oficialistas y de la oposición, como así también en su Consejo Consultivo, el Centro de Comercio e Industria, Asodeco, Emcotur, Uthgra, entre otros, que según la reglamentación tenían dentro de sus competencias inspeccionar como mínimo cuatro veces al año el predio termal y realizar informes semestrales.
El decreto de 2015 podría entenderse entonces como lo que en Fútbol se dice “siga siga”, en perjuicio de los ex empleados y la obra social de gastronómicos. También resultó un salvavidas para todas las autoridades, funcionarios, ex concejales e instituciones intermedias que debieron velar por el correcto cumplimiento de la normas de la concesión, dado que a muchos de ellos les podría caber la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La resolución del Concejo Deliberante 2020 en el fondo lo que intenta es arreglar el despelote de papeles que tienen por una empresa que trabajaba y no era la concedente, atendiendo tal vez a los grandes riesgos en los que estaba expuesto el erario público en caso, por ejemplo, de alguna tragedia u otros imponderables dentro del predio termal.
VERTER SA fue además una empresa que ni siquiera se preocupó por el desarrollo turístico de la ciudad. Lo que demostró interesarle era que trabajen las cabañas que se construyeron adentro del predio termal: Si el visitante alquilaba hospedaje adentro de las termas tenía el pase libre al complejo y las piletas. Entonces el resto de la oferta hotelera tuvo que competir con desventaja. Lo que hizo el concesionario fue encerrarse, poner una tarifa elevada para el turista, incluso para los vecinos de Concordia, que lo que hizo fue acentuar un desarrollo “intratermas” y no un desarrollo regional. A tal punto que hubo etapas que fue más barato ir a las termas de Salto (R.O.U.) con cambio uruguayo. Se transformó en un negocio privado para pocos.
Por muchos años – Dado que el ex intendente y gobernador, Jorge Pedro Busti le dio una concesión leonina por la friolera de 25 años, a lo que luego se sumó una prórroga por 15 años más a favor de VERTER SA- no se sabrá si el Estado municipal hubiera podido tener una oferta privada más beneficiosa a los intereses de todos los concordienses.
