En los fundamentos de su iniciativa, Rotman señaló: "Todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario", según la nueva ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, promulgada el jueves 26 de julio del corriente año y que modifico la ley Nº 24.193 vigente hasta esa fecha.
La ley fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 4 de julio y refuerza la figura del llamado 'consentimiento presunto', confirmando una tendencia en la región que, por esta vía, se busca mejorar niveles de donación y trasplante que en nuestro país está por debajo del promedio mundial.
La flamante norma fue popularizada como 'Ley Justina', porque fue motorizada por los padres de una niña de 12 años, Justina Lo Cane, quien sufría de una cardiopatía congénita y falleció a fines de 2017 tras cuatro meses aguardando un órgano que nunca llegó. Sin embargo, sus impulsores confían en que pueda contribuir para que miles de pacientes que hoy esperan un trasplante tengan mejor suerte.
Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) hay 7.546 personas que en este momento esperan un órgano para salvar su vida, incluyendo riñones (5.760), hígado (1.226), pulmón (217) y corazón (127). Asimismo, hay casi 3.000 que necesitan córneas.
En la provincia, según datos que maneja el CUCAIER (Institución que es un orgullo para los entrerrianos) del pasado año, hay una lista de espera para ser trasplantados de 240 pacientes, de los cuales 204 pacientes son para trasplante Renal, 24 pacientes de Hígado, 14 de Cornea y 9 pacientes para trasplante Intratorácico.
En Procuración de órganos nuestra provincia ocupa el segundo lugar después de CABA con 17,24 por un millón de habitantes y hubo un total de 77 pacientes trasplantados
Pese a que el consentimiento presunto estaba vigente en el país desde 2006, la Ley Justina reduce el margen para que los familiares de la persona fallecida se opongan a la donación. Mientras que la anterior ley dejaba espacio para que la oposición al procedimiento pudiera haber sido manifestada por cualquier vía (la negativa expresa a la ablación de órganos o tejidos sería respetada "cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado" por parte del donante), la nueva norma omite esa prerrogativa.
En otras palabras: Para que se tome en cuenta la oposición de una persona a donar sus órganos una vez fallecido, tiene que haberse inscripto en un registro a tal fin y no es suficiente (a priori) con que haya comentado su opinión contraria a la familia.
Con esta ley, no se le va a preguntar [la voluntad del donante] a la familia. Se la va a acompañar en el proceso de información.
La nueva ley también incluye otros cambios destinados a favorecer el proceso de donación y trasplante:
* El traslado prioritario por vía aérea o terrestre [al lugar de la intervención] de los candidatos a recibir un órgano.
* La autorización de la donación renal cruzada, que implica el intercambio de donantes entre parejas.
* La autorización del padre que esté presente (y no necesariamente de los dos) cuando se trata de disponer de los órganos y tejidos de un menor.
* La conformación dentro de los establecimientos de salud de servicios destinados a la procuración de órganos y tejidos “que garanticen la detección, evaluación y tratamiento del donante”.
Para romper con ese estancamiento y mejorar sus cifras de donación y trasplante, Argentina es solo el último de los numerosos países de la región que en el último lustro han introducido modificaciones legales destinadas a revigorizar el consentimiento presunto y que buscan reducir la posibilidad de que los familiares interfieran con la ablación, aun cuando la voluntad del fallecido había sido donar.
La aprobación de este proyecto marcará un sustantivo avance y una nueva expectativa en la sobre vida de innumerables co provincianos", concluyó Rotman.
