La emergencia alimentaria consiste en otorgar partidas presupuestales extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional y garantizaría el abastecimiento y acceso y a la compra de alimentos básicos, por parte de todas las provincias. Consenso Federal fue de las primeras fuerzas políticas que la solicitaron, luego se sumaron los movimientos sociales, la Iglesia y los sindicatos
“Entendemos que para el gobierno declarar la emergencia alimentaria es aceptar el fracaso de la gestión, pero con esto no se puede especular, las cifras no mienten”. En Argentina hay más de 5 millones de niños que pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse, y eso es un eslabón más en la cadena de desigualdades a los que quedan expuestos. Crecer en la pobreza es además convivir con el estigma social, con mayores posibilidades de ser víctima de violencia institucional y de trato desigual. Se construye así un entramado perverso de déficit de alimentación, salud y educación que se reproduce una y otra vez con mayor profundidad.
“Coincidimos con el gobernador de Santa Fe Miguel Lifchitz que también debe contemplarse la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria, dado el recorte de los programas nacionales en las provincias”. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el gobierno nacional devaluó políticas sociales dirigidas a los menores, con recortes a la AUH, el Plan Qunita, Conectar Igualdad y la provisión de vacunas.
“Esto se agrava en el caso de Entre Ríos, en la que la situación del sistema de salud es mala desde hace muchos años. Lamentablemente basta compararnos con Santa Fe para comprobar lo lejos que estamos de poder ofrecer servicios aceptables. Por eso es que le pedimos también al gobernador Bordet que instrumente todas las medidas que sean necesarias para que la alimentación y la salud de los entrerrianos esté garantizada, la provincia puede y debe hacer su parte”.
