“Testigo de aberrantes violaciones a los derechos humanos, se convertirá en espacio de construcción de la memoria colectiva”, celebró la diputada que luego de cinco intentos finalmente esa idea se podrá concretar.
El predio donde funcionó el centro clandestino de detención tiene diez hectáreas de extensión, de las cuales sólo se expropiará una fracción.
Documenta Baigorria, una agrupación que promueve la recuperación de la memoria popular sobre el accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura, buscará ahora que el Poder Ejecutivo, además de promulgar la ley, se decida a cumplirla, para lo cual debe abrir el proceso de expropiación que demandará tiempo dado que el Estado deberá acordar el precio a pagar a los dueños.
