Al fundamentar el proyecto, la diputada manifestó que «resulta a todas luces razonable y justo que todas las entidades referidas, beneficiadas con la creciente y progresiva masificación de sus respectivos servicios, pongan a disposición de los clientes y/o asistentes las condiciones básicas para una buena atención, entre las que el acceso a un sanitario accesible resulta indispensable, máxime si tenemos en cuenta que distintas normas de habilitaciones comerciales municipales y provincial disponen el cumplimiento de tal requisito hasta para locales comerciales que reciben menos cantidad de gente».
Asimismo, la legisladora remarcó que, de ser aprobado, la iniciativa «prevé un sistema de sanciones que comprende multas y hasta la clausura del establecimiento, disponiéndose para este último caso, como máximo, el plazo de diez días».
Finalmente, Romero detalló que la norma será de aplicación en «entidades financieras, entes recaudadores provinciales, entes reguladores, empresas de servicios de luz, gas, teléfono, televisión por cable o aire, supermercados y las empresas prestatarias de servicios de uso residencial o comercial como la luz, gas, teléfono fijo o móvil».
