El proyecto fue apoyado con la firma de todos los diputados nacionales del PJ de Entre Ríos (Blanca Osuna, Hugo Cettour, Delma Bertolyotti, Juan Carlos Daud), a los que se sumaron los representantes de esta provincia por la UCR Carlos Cecco, Gustavo
Cussinato, y legisladores de otros distritos y fuerzas políticas, tales como Héctor Polino, Jorge Reynaldo Vanossi, Marta Maffei, Claudio Lozano, Alfredo Fernández, Beatriz Leiva de Marti y el correntino Hugo Rubén Perié, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y Garantías.
En un comunicado enviado a DIARIO JUNIO, la diputada Romero explicó que “pedimos que la Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie con un claro rechazo a la instalación de las papeleras y que desde su presidencia se envíe nota a los organismos internacionales de crédito, tales como la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de Madrid, a los efectos de que se abstengan de otorgar financiamiento a las empresas papeleras, hasta tanto se expida el ente bilateral ad hoc que tiene 180 días para dar su opinión sobre el impacto ambiental”.
Agregando que “queremos que se los interese par que se abstengan de financiar las obras de Ence y Botnia a la vera del Río Uruguay, en función del daño ecológico que está probado que se ocasionaría, y además, en función de que se está realizando un estudio por un ente binacional” acotó la legisladora.
Romero subrayó que “la intención es que el proyecto se trate sobre tablas en la sesión de la semana que viene”, y explicó que “en busca del tratamiento urgente del proyecto y que se envíen cuanto antes las notas a los organismos internacionales se procuró el mayor consenso posible entre representantes de diferentes bloques y partidos, que acompañaron con su rúbrica”. Entre los firmantes hay diputados justicialistas, radicales, del ARI y de la fuerza que lidera el empresario Mauricio Macri, entre otros.
La resolución también solicita a la presidencia de la Cámara de Diputados que envíe a la Legislatura de la República del Uruguay una copia del proyecto donde se rechaza la instalación de las papeleras.
Fundamentos
La autora del proyecto resaltó en los fundamentos que la autorización del Uruguay para la instalación de las papeleras se efectivizó mediante una resolución adoptada “unilateralmente” y “en clara violación al Estatuto del Río Uruguay cuyo artículo 7 establece que, cualquier alteración significativa que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas debe ser comunicada”.
Recordó además que “el procedimiento técnico que prevén utilizar las empresas Ence y Botnia es el denominado ECF (Elemental Chlorine Free: “Libre de Cloro Elemental”)”, que “según estudios científicos realizados en Argentina y en otros países del mundo, resultaría altamente contaminante”.
Apuntó que “la instalación de estas fábricas en el cono sur, obedecería a que los países mas desarrollados (grandes consumidores de pasta) exigen a las empresas otras condiciones en su proceso para mantener allí su funcionamiento”, y que la alternativa de las empresas extranjeras es, “en lugar de dejar de contaminar, trasladar las plantas a zonas del planeta donde se supone que no habrá oposición social y se encontrará una legislación ambiental permisiva, además de administraciones que no habrán de obstaculizar su desarrollo”.
La diputada Romero advirtió que “no es la intención de quienes nos oponemos a la instalación de las plantas impedir las inversiones en el vecino país, con el cual hemos tenido y tenemos lazos de hermandad muy arraigados. Pero no podemos permanecer ajenos a una realidad que puede afectar el medio ambiente, con consecuencias para las generaciones actuales y futuras”, y que “pasar por alto esta situación, sería desobedecer el mandato del artículo 41 de nuestra Constitución”.
En los fundamentos se mencionan los tratados bilaterales y convenciones internacionales sobre medio ambiente firmadas por ambos países, y se añade de que “Latinoamérica debe bregar por un crecimiento económico basado en el desarrollo de industrias modernas y eficaces, sin buscar importar viejas, baratas y a menudo ilegales tecnologías de países desarrollados. No se trata de mudar los daños a otros lugares del planeta sino de apoyar proyectos de desarrollo sustentable para toda la humanidad” sentenció la legisladora entrerriana en su proyecto de resolución.
