“Nadie le niega a la Ministra Stanley la facultad de controlar, pero ésta nunca puede ser ejercida cercenando a priori derechos adquiridos por las personas, sino todo lo contrario: el estado nunca debe proceder con arbitrariedad, sino que está obligado a ser justo; por lo tanto la Ministra debió ceñirse a lo que puede hacer, que es ejercer controles dentro del marco de la ley y proceder, en caso de beneficios mal concedidos o irregularmente concedidos, puntualmente solo en dichos casos, a tomar las medidas adecuadas”, sostuvo.
En este sentido, remarcó que “muchos gobiernos han hecho lo que hoy nuevamente se hace: ajustar a través de restringir derechos”.
“El procedimiento, es completamente repudiable, y debe ser inmediatamente revocado”, concluyó la diputada.
