“El ministerio de Gobierno y Justicia es de las áreas que más atravesada está por todo lo que es la institucionalidad y por temas tan importantes respecto del servicio que el Estado tiene que prestar, como es seguridad y justicia. También vinculándose con educación en cuanto a ciertos controles, porque el Consejo General de Educación (CGE) es un organismo autárquico por Constitución”, explicó la Ministra.
Respecto a los objetivos para el 2018, Romero indicó que se pondrá el foco en “mejorar todo lo que sea Registros, porque son áreas que tienen sus debilidades, y en mejorar la problemática de la seguridad, área en la que siempre quedan cosas por hacer, incorporando nuevas tecnologías y la implementación de una ley, que confío que va a salir, que es la de investigación de los delitos del narcomenudeo”.
En cuanto a este proyecto, que se encuentra en análisis en la legislatura, la Ministra de Gobierno sostuvo: “Nos va a brindar, en nuestras ciudades, un índice mayor de tranquilidad. Si bien es un gran desafío de articulación con la Justicia Federal”.
“También vamos a trazar algunos lineamientos para el debate con la legislatura y el Poder Judicial, en torno a mejoras en nuestros procedimientos judiciales, para darle más celeridad al servicio de justicia, siguiendo con los procesos de oralización en materia de juicios de familia y civiles, temas que también está trabajando el Superior Tribunal”, adelantó la funcionaria. “En la Justicia también hay que hablar de la incorporación de nuevas tecnologías”, aseguró Romero.
Respecto a los aspectos vinculados a la institucionalidad, “podríamos resumir las metas en profundizar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron concebidos las áreas estatales”, señaló la Ministra, y luego afirmó que “si hay algo que corregir, son las desnaturalizaciones que se producen muchas veces por burocracia y malas prácticas, y otras veces por deficiencias de recursos humanos y de recursos tecnológicos en áreas del Estado”.
“Sobre estos temas vamos a trabajar en forma muy articulada con los otros ministerios y con la secretaria de Modernización del Estado como un verdadero equipo, porque nunca hay que concebir al Estado como áreas desvinculadas una de otra”, sostuvo.
“El Estado debe ser facilitador del ejercicio de los derechos, nivelador cuando existen desventajas entre los sectores, protagonista de políticas de promoción y un acompañante solidario apto para brindar ayuda a los más vulnerables”, sintetizó
Principales acciones
Luego del rediseño de sus competencias, realizado en virtud del Decreto N°3593 del Gobernador Gustavo Bordet, el Ministerio redujo las Secretarías a tres: de Justicia, de Relaciones Institucionales y de Trabajo, quedando las Sub Secretarías de Asuntos Legales y Administrativos y la de Derechos Humanos.
En la Secretaría de Justicia, se realizó un trabajo de ordenamiento administrativo tendiente a la optimización del funcionamiento interno. Se puso énfasis en el fortalecimiento de las capacidades del Patronato de Liberados mediante la revisión de la normativa y la incorporación de nuevo personal y en el Consejo de la Magistratura se realizaron 28 llamados a concurso.
En el Servicio Penitenciario, se llevó a cabo la puesta en funcionamiento de pulseras electrónicas para casos de prisiones domiciliarias. Hubo avances con Nación para la implementación en el ámbito provincial del sistema de pulseras duales para casos de violencia de género o familiar.
Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, se llevó a cabo la “LXXIX” Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial” con la participación de todas las provincias argentinas y se realizaron diversas capacitaciones coordinadas por el Observatorio de Seguridad Vial.
También se coordinaron capacitaciones brindadas por la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos en intervención policial con perspectiva de género.
El Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades acompañó a las cooperativas consolidadas en su desarrollo y se brindaron múltiples capacitaciones.
La Dirección de Juntas de Gobierno realizó capacitaciones en temas referidos al control de rendiciones de cuentas y terrenos fiscales. Además participó del Consejo de Políticas Sociales y facilitó la instalación de pantallas solares para la generación de energía en hogares donde no hay conexión de electricidad.
En la Dirección de Personas Jurídicas se reorganizó el trabajo administrativo volviendo a atender al público y agilizando los trámites.
En Defensa Civil se dinamizó el área y se intensificó el trabajo coordinado con municipios y organizaciones de la sociedad civil. Se está trabajando en la elaboración de “mapa de riesgo” en la provincia y se relanzó la comunicación para optimizar la relación con la comunidad.
Se transfirió el programa de Ingreso Social con Trabajo a los municipios de Paraná y Concordia. También se formalizó un convenio con Aeroclubes, a través de Federación Entrerriana de Aeroclubes y Entidades Deportivas (Fedaea), a los fines de trabajar articuladamente en misiones solidarias y servicio a la comunidad.
La ministra mantuvo y mantiene innumerables reuniones con legisladores de distintos bloques a fin de conformar un trabajo constante en la agenda legislativa en temas de interés para el Poder Ejecutivo. Así como también recibió a intendentes y presidentes de Juntas de Gobierno quienes le plantean las diversas problemáticas en sus territorios.
El mismo diálogo se mantuvo de manera constante con gremios y multisectoriales sindicales a fin de entablar agenda de trabajo sobre temas de interés de los trabajadores.
Se elaboró desde el área legal en los Proyectos de Ley, remitidos a la legislatura por el Ejecutivo, tendientes a regular los fraccionamientos referidos al uso y transformación de la tierra de Rural a Urbano, en los llamados “loteos” y en la iniciativa que propone elevar los aportes que reciben las juntas de gobierno y sus autoridades, que apunta a aliviar las finanzas de estas comunidades rurales, hasta tanto se apruebe la reglamentación de la ley de comunas.
En materia de Seguridad, vale destacar que la inversión que el Estado realizó en estos dos años, en la adquisición de equipamiento policial superó los 78 millones de pesos.
