La sentencia se dió a conocer el lunes, a las 20. El defensor de Zuluaga, Hugo Valdiviezo anticipó que están analizando la sentencia, “porque no coincidimos con lo resuelto”, debido a que entiende que existen concretas posibilidades de una apelación. “La sentencia deja resquicios y estamos estudiando la alternativa de la apelación y casación ante el Superior Tribunal de Justicia, porque ha sido demasiado el tiempo que ha sufrido mi defendido, sobre todo por la exposición pública y mediática que ha tenido esta causa en la comunidad”, señaló. “Pero esa es una decisión que tiene que tomar mi cliente”, agregó.
El letrado intentó justificar la determinación tomada por su defendido -quien fue acusado de desviar fondos que estaban destinados para la construcción de un barrio-indicando que el dinero fue empleado para el pago de sueldos. “En aquel momento de crisis (diciembre de 2001), había una comunidad que no recibía dinero y un Estado municipal fundido; pero el hilo se corta siempre por lo más delgado, si el gobernador de turno (Sergio Montiel) no giraba la coparticipación a las comunas y los desviaba para otros fines y hasta el momento nadie lo imputó, hay que entender que este era un intendente en una localidad de 10.000 habitantes”, opinó.
El hecho se originó en una serie de presentaciones que los ediles aliancistas realizaron ante la Justicia en diciembre de 2001, por presuntas irregularidades que estaba cometiendo el Intendente. En consecuencia, tomó intervención en la causa el fiscal Samuel Roskin, quien inició las actuaciones y solicitó el procesamiento del mandatario municipal.
El paso siguiente fue el procesamiento iniciado por el juez en primera instancia, quien procesó a Zuluaga bajo la figura de abuso de autoridad reiterada y malversación de fondos. Dicho accionar fue dictado por el juez de Instrucción Daniel Olarte y ratificado por la Cámara de Gualeguay.
A pesar de ello, la medida fue apelada y, paralelamente, José Zuluaga presentó un recurso de no innovar, de manera tal que si la Cámara confirmaba el procesamiento, podía continuar al frente de sus funciones; a pesar de lo que establece la Ley Nº 3.001, que en su artículo 80 dictamina que no puede continuar en su cargo el funcionario que esté procesado.
Más allá de la denuncia, el entonces presidente municipal denunció periodísticamente un complot en su contra, que no prosperó.
“El eslabón más debil”
Por su parte, el diputado provincial Julio Aldaz compartió el criterio de Valdiviezo y esgrimió duras críticas hacia la gestión del ex gobernador radical. “El eslabón más débil de la cadena democrática son los presidentes municipales”, enfatizó el ex Intendente de Basavilbaso.
“José Zuluaga tomó los fondos y no fue observado ni por la contadora ni por la tesorera, siendo que la Ley Orgánica de Municipios establece claramente que son quienes deben hacer respetar las leyes y ordenanzas de contabilidad y administración municipal”, subrayó.
