“En el caso de Gualeguaychú, inmediatamente procuramos que la policía no intervenga en la investigación, lo hizo Gendarmería y Fiscalía, y separamos de las filas de la policía y pasamos a disponibilidad a la persona involucrada con el disparo. En el caso de Concordia es diferente porque se dio una situación particular donde la policía fue interceptada cuando iba circulando en su moto y ella no dispara directamente contra la persona sino que la muerte la provoca un rebote de ese disparo pero igualmente se obró como debe ser; no protegiendo ni efectuando una defensa corporativa sino poniendo a disposición de la Justicia”, describió la ministra.
Y agregó: «La policía convive en una sociedad en la que cada vez tenemos más violencia en el delito. Hay una especie de combo con el consumo o venta de estupefacientes que ha hecho que en una sociedad como la entrerriana que no tenía delitos violentos, crecieran esos hechos”.
No obstante, destacó: “Nosotros formamos a la policía en derechos humanos para que no efectúe disparos ante una persona que está huyendo; esto forma parte rigurosa de la formación y esta semana habrá talleres especiales reforzando esto y habrá nuevas reuniones con los jefes departamentales para que reiteren la recomendación del no uso del arma cuando la persona está huyendo”.
“Hemos tenido casos emblemáticos en Entre Ríos y esto se discute mucho y se da en la Escuela de Policía. Tenemos una Policía de 12.000 hombres y mujeres y no tenemos una policía de gatillo fácil, en esto difiero con la apreciación que rápidamente caracterizaron a nuestra policía. Estos son casos excepcionales y de ninguna manera estamos convalidando estas cosas”, sentenció.
“Tenemos una policía que es básicamente sana pero que haya excepciones –que naturalmente puede haber entre 12.000 personas- no implica que tengamos una policía de gatillo fácil, aunque sí da cuenta del índice de violencia”, reflexionó la ministra.
En este contexto, dijo que “ante esto se trabaja con capacitación, con formación, con profesores que machan mucho sobre esto”. “En una fuerza puede haber dos actitudes ante un delito: una encubridora y otra de someter a la persona a la decisión de la Justicia, y esto último es lo que se ha hecho en todos los casos”, remarcó.
Asimismo, planteó que “también estos hechos de violencia muchas veces se cobran la vida de los policías y nos comportamos con madurez frente a estas situaciones; tratando de que se protejan, reforzando planes de estudio y recomendaciones con los profesores”.
Y aseveró: “Nunca ni el gobernador ni el jefe de policía ni yo adherimos a la teoría Chocobar, no es nuestra impronta y no creo que nuestros policías estén influenciados por esa doctrina, sino que se ve mayor violencia en el contexto social”.
En tal sentido, Romero adelantó que “se está trabajando en un Código de Faltas que hace años que la provincia debió tener y en la derogación de la vieja ley 3815”. “Esta mañana estamos terminando un borrador final para poner a consideración del gobernador para mejorar el sistema de sanciones de pequeñas faltas, que no llegan a ser delitos, y que muchas veces llegando a tiempo en su sanción, se evitan los delitos mayores”, explicó.
Concluyó que “la preocupación es por un Código de Faltas que se viene discutiendo en Entre Ríos desde los ´80 pero que nunca se pudo sancionar y se espera que el año próximo la Legislatura lo tenga en consideración, para lo cual el gobernador elevará el proyecto antes de que termine este año”.
Fuga de presos
Consultada por la gran cantidad de presos fugados de las cárceles entrerrianas, Romero afirmó que el tema “no está fuera de la media que ha sido siempre; en las nueve unidades penales de la provincia en los últimos 10 años, siempre hay dos o tres casos por año”.
Destacó de todos modos que “en la inmensa mayoría de los casos son recapturados por la policía porque rápidamente se hace una investigación o seguimiento, aunque en algunos casos no ha ocurrido así, como con el interno de Uruguay que escapó hace unos meses de Gualeguaychú y que evidentemente ha conseguido pasar el río”.
Ante ello, analizó: “En nuestras cárceles tenemos una realidad que no podemos desconocer: triplicamos la cantidad de internos desde el comienzo de la implementación del Código acusatorio hasta hoy; cuando comenzó a aplicarse hace 10 años teníamos alrededor de 700 internos y hoy tenemos 2.500, y tenemos muchos más presos federales que hoy son 550. Hemos hecho ampliaciones pero nunca son suficientes para albergar a esta cantidad de personas”.
Admitió que “esto implica que tendremos que hacer un mayor esfuerzo en la construcción de cárceles y en el proyecto de presupuesto que el gobernador presentó en la Legislatura está previsto para seguir construyendo ampliaciones e incluso una nueva cárcel para el año que viene”. “Estamos en la idea de ampliar con nuevos módulos la cárcel Granja El Potrero y en la idea del gobernador está la construcción de una nueva cárcel para cerrar definitivamente la vieja cárcel de Gualeguaychú que no resiste más uso”, sentenció.
En ese sentido, aseveró que “el sistema carcelario comenzó a tener problemas a partir de la multiplicación por tres de la cantidad de internos, no solamente los del sistema provincial sino también del sistema federal” y reconoció que “es uno de los problemas a resolver y lo vamos a encarar con mayor rigor el año que viene, a pesar de que este año hicimos mucho: se inauguró un nuevo módulo en Paraná, se está terminando otro en Concordia, está otro en construcción en Federal y el propósito del gobernador es fortalecer el sistema con una construcción lo suficientemente amplia para tener 400 lugares más”.
Asimismo, planteó que la complicidad al interior del Servicio Penitenciario “se combate con las herramientas legales que tenemos, es decir con sumarios administrativos y de hecho hemos cesado a muchos agentes penitenciarios por estas causas”. “Tuvimos casos en toda la provincia y tenemos sumarios en trámite respecto de agentes penitenciarios que han incurrido en estas faltas, y aún en los casos de negligencia también se inician sumarios, porque si bien no está claro que haya complicidad pero sí una negligencia culposa y también en esos casos somos rigurosos con los sumarios administrativos que respetan los derechos de la persona acusada y en algunos casos están en trámite y en otros casos se ha determinado la cesantía”, afirmó la ministra.
