Luego de varios allanamientos realizados en su domicilio particular y municipalidad, el intendente se presentó ayer a declarar ante el juez, Leandro Ríos, y fue liberado. No así, su mano derecha y concejal por Cambiemos, Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Municipal, Griselda Bordeira, quienes fueran detenidos y trasladados a la cárcel. “Está claro que los Jueces y fiscales federales y de la provincia están decididos a avanzar en la investigación sin importar quienes sean las personas involucradas. Acá no se trata de nombres o partidos sino de un delito relacionado al narcotráfico”, remarcó Romero y recordó una frase de la Ministra de Seguridad de ls Nación, Patricia Bullrich, que mediante su cuenta de Twitter apoyó investigación a pesar de que fuera contra un intendente de Cambiemos. “Es que realmente es una situación enormemente lamentable dada la envestidura de uno de sus investigados y el delito que se le imputa”, consideró.
En cuanto a la detención de la Subsecretaria de Seguridad, Romero afirmó que la funcionaria forma parte de las fuerzas policiales y que hace años está adscrita en funciones del municipio. “Nosotros ya habíamos iniciado un sumario administrativo ante la primer noticia de la investigación y habíamos pedido un informe al Juez sobre su situación procesal, pensando ya en pasarla a tareas pasivas dada la seriedad y gravedad del caso que se le imputa”, afirmó la ministra y agregó que harán lo mismo con el policía que está sindicado como posible autor. “La policía de Entre Ríos no va a sostener a ninguna persona que esté involucrada en esto. Vamos a proceder con la celeridad y seriedad que merece el caso”, destacó.
Sobre la situación de Varisco, Romero aclaró que son cuestiones que en su momento tendrá que evaluar el Consejo Deliberante. “En 10 o 15 días posteriores a la indagatoria el juez federal va a resolver su situación procesal: Si se decide por un procesamiento esto sería ya como un juicio de probabilidad delictiva, o sea, el Concejo Deliberante deberá hacer su análisis de acuerdo a lo que dice la Constitución”, aclaró. Si bien ésta dice específicamente que para removerlo tiene que tener sentencia firme, “A mi entender, mínimamente debería tomarse una licencia como un acto de dignidad e integridad para con la ciudadanía”, fustigó. Y en la misma línea, la funcionaria provincial reconoció que ya se había hablado y relacionado a Varisco con este tema, aunque nunca antes nada se había hecho formal. “Creo la verdad es que recién ahora se avanza tanto porque realmente el juez sumó pruebas que antes no tenía, por eso creo que ordenó los allanamientos, porque tiene en su poder otras pruebas”, comentó
Finalmente, Rosario Romero se manifestó en conjunto con la sociedad y lamentó la situación que está viviendo Paraná: “A mi, como a la ciudadanía, nos avergüenza que funcionarios de la capital de la provincia estén relacionados con el narcotráfico”, afirmó. “No sé qué cual va a ser la devolución de la ciudadanía luego de este trago, pero es sabido que la sociedad no tolera el delito en funcionarios público y muchos menos, relacionado al narcotráfico”, sugirió. “En este caso el reproche delictivo está vinculado directamente a la mezcla del funcionariado público con el narcotráfico y eso es muy grave para la ciudadanía”, concluyó.