Para el diputado, la iniciativa oficialista constituye una “arbitrariedad”, una mirada “sesgada y partidista de una decisión que el Estado deba asumir cualquiera sea el signo político bajo el cual se sucedan los hechos” aseveró el legislador.
“Las mayores represiones sociales en democracia justamente no se dieron en el año 2001, sino fundamentalmente en el periodo reaccionario y conservador del peronista Menem. Víctor Choque, Teresa Rodríguez, en Tartagal, o en Mosconi, por nombrar algunos, son muestra palmaria de las victimas de la conflictividad social ocurrida en la década del 90” manifestó.
“Es mas, circunscribir la indemnización del Estado a los hechos del 2001, significa no recordar lo ocurrido con posterioridad y hasta nuestros días, como Kosteki y Santillan muertos en el gobierno peronista de Duhalde, o Fuentealba en Neuquén y Mariano Ferreyra en Buenos Aires, muerto bajo el actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, manifestó el legislador.
“Si el Estado Nacional tomó la decisión, mediante Ley, de hacerse cargo de las victimas de conflictos sociales, sostuvo el legislador, lo debe hacer con una continuidad jurídica, como la debe tener todo Estado”.
El proyecto prevé en su artículo 2, que los resarcimientos comprenderán los casos de muerte, lesiones gravísimas y lesiones graves, aplicándose a los fines de la presente los artículos 90 y 91 del Código Penal.
