«La actitud asumida por el actual gobierno debilita aún más la posición que el
Estado estaba teniendo y debe tener frente al manejo del juego en la provincia. La
concepción política y filosófica sobre el juego y todas las conductas humanas,
económicas y sociales que subyacen a partir del mismo pueden ser controladas sólo si su explotación se garantiza a través del Estado», manifestó Rogel.
El legislador advirtió que «ningún proceso de inversión puede justificar la privatización del juego toda vez que por sí mismo el juego, correctamente administrado, controlando el juego clandestino y un eficiente gerenciamiento estatal, no hay ninguna necesidad de acudir a la inversión privada».
Rogel dijo que llevará esta inquietud al bloque y «si es necesario se harán los planteos ante la justicia respecto de la interpretación de la ley 5.144 y sus modificatorias y específicamente del alcance del decreto 5369/04».
Remarcó que «con este decreto del doctor Busti se abren definitivamente las compuertas para, de una manera indirecta, avanzar lisa y llanamente a la privatización del juego dejando de lado una concepción histórica que diera origen al IAFAS como organismo recaudador de lo obtenido por el juego en la provincia, destinado claramente a políticas activas en defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad».
Aclaró finalmente que «el argumento a favor de la concesión del juego como una
manera de favorecer proyectos integrales de emprendimientos turísticos son formas solapadas de justificar decisiones de fondo, como es el juego en manos privadas, que, una vez que se establecen, difícilmente puedan volverse atrás. Una cosa es el desarrollo turístico de una localidad o región y otra muy distinta, quién debe ejercer la potestad, el control sobre el juego en una provincia».
