El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes repasó esta mañana la trayectoria del reclamo que tiene a gobernadores y al presidente Alberto Fernández enfrentados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la distribución de los fondos coparticipables del gobierno nacional.
Recordó que todo comenzó en 2016 cuando el entonces presidente Mauricio Macri dictó un decreto por el que triplicó la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el pretexto de que eran fondos por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. “Eso pasó sin ninguna explicación, porque no había ninguna imputación específica a un gasto”, dijo.
En 2020, el presidente Alberto Fernández reduce esa coparticipación mediante decreto y allí comienza el conflicto en la Corte Suprema, que deriva en la medida cautelar de esta semana. “Pero el asunto es que no se expide sobre el fondo de la cuestión y es provisorio” aclaró el funcionario provincial.
Sobre el fallo de la Corte, Rodríguez Signes aclaró que al declarar inaplicable una ley del Congreso traza un antecedente grave. “Deja de lado una doctrina, una jurisprudencia que rezaba que contra las leyes del Congreso no hay medidas cautelares”, precisó.
Por último, recordó que la provincia ya había planteado presentarse como “amicus curiae” pero la Corte no respondió a esa demanda y dictó la resolución sin dar intervención a las provincias.
“Insistiremos en ser parte” concluyó.
