El fiscal precisó que en el desalojo de este predio, conocido como El Quebracho, hay distintas situaciones. Dijo que en algunos casos los ocupantes han accedido a cumplir la medida judicial y en otros se han resistido. “Estas han sido las situaciones más duras, pero dentro de lo normal se va cumpliendo la medida judicial”, remarcó.
Indicó que la decisión es cumplir la medida judicial porque se trata de un juicio que hace cuatro años la provincia viene sosteniendo. “Los terrenos han sido vendidos y hay que cumplir con la obligación de parte de Tres Arroyos de hacer el emprendimiento”.
Detalló que estos son terrenos que pertenecían a la provincia y que en muchos caos se han arrendado. “Estamos lejos de una situación donde haya colonos involucrados. No es una situación donde haya colonos trabajando las tierras que están ocupando. La mayoría de las hectáreas están subarrendadas; y nadie paga impuestos”, advirtió.
Luego remarcó: “No es que haya colonos acá. Puede haber casos de algún productor o pequeño ocupante de algún campo, pero no es una zona de colonización. Esos son campos que pertenecían primero al Frigorífico regional Santa Elena, luego a la Comisión Liquidadora del Frigorífico, y después fueron vendidos por el Residual del Frigorífico a la Granja Tres Arroyo con cargo para hacer un emprendimiento para producción porcina a escala industrial que permitirá cambiar el perfil de Santa Elena”.
Dijo que los campos en algunos casos están ocupados, en otros están subarrendados con siembra de soja y otros con algunas cabezas de ganado. “Es una situación irregular. Por eso se promovió un juicio de desalojo tramitado hace cuatro años en La Paz por el Frigorífico Santa Elena contra los ocupantes de los inmuebles. Ahora se hizo lugar a la demanda de desalojo y hoy se está ejecutando. En algunos casos normalmente y en otros con resistencia”, resumió el fiscal, tras lo cual acotó que no existe ningún ocupante con título que le de derecho a la ocupación de las tierras.
“Acá hay campos sembrados con soja que están subarrendados. En esa situación no se puede llegar a ningún acuerdo. Y esto a la provincia le genera un perjuicio porque se trata de una situación irregular que le impide a la provincia cumplir con un contrato por lo cual es responsable, donde además se apunta a desarrollar la industria del sector porcino que será un beneficio en el corto plazo para Santa Elena”, aseguró el fiscal.
Manifestó asimismo que se agotarán todas las instancias de diálogo para lograr un entendimiento y resaltó que no hay intención de dejar en la calle a nadie. “Esto es seguro. Pero tampoco se puede acceder a cualquier tipo de negociación. Nosotros no realizamos ningún acto arbitrario sino que estamos cumpliendo una sentencia judicial y tenemos la obligación de hacerlo. Además hay responsabilidad de la provincia porque ha vendido estos terrenos y deben desalojarse para poder entregarlos en forma regular”, completó Rodríguez Signes.
