La normativa establece zonas de exclusión, donde no se podrán realizar aplicaciones en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 metros para aéreas desde el casco de la escuela. Luego incorpora áreas de restricción que prohíbe clase I y II de acuerdo a las distancias. Además, incorpora unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios.
Por su parte, el decreto prohíbe el uso de pulverizadoras no registradas. Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación. Se precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
“Es un tema altamente sensible por los valores que están en juego: la salud y el ambiente. Y la producción sustentable en una provincia agropecuaria. Las dos sentencias que impidieron el uso de plaguicidas en una superficie de 341.000 hectáreas como mínimo nos colocó en la situación de ir a fondo a estudiarlo, a especificar mecanismos de control, a trabajar con las distintas áreas. Y así hicimos, lo que denomino, un sistema de control”, explicó Rodríguez Signes a Radio Ciudadana (FM 89.7).
Más adelante, el funcionario explicó que no se trata de un reglamento como se había hecho anteriormente exclusivamente centrado en las distancias. “Acá se pretende instalar un sistema de control basado en la unidad centinela. Es la unidad centinela la que tiene que preservar la salud”, indicó.
“La aplicación del producto debe ser una aplicación legal, regular, conforme a las buenas prácticas, como la temperatura, la humedad, las condiciones meteorológicas, el tipo de producto. Controladas por un ingeniero agropecuario que esté a disposición de esa unidad centinela para que, en el momento en que se va a realizar la aplicación constate las condiciones que los reglamentos establecen”, mencionó. Además, un médico estará observando la pulverización. “No es solamente el ingeniero agrónomo”, dijo el fiscal, dado la vinculación y los intereses comunes entre los profesionales de esa rama y los productores rurales.
Rodríguez Signes dijo que, si bien están en los comienzos del tema, con el reglamento se ponen a la avanzada en el país. “Hay una parte que establece que los productores van a tener que instalar en cada máquina aplicadora un sistema de información georreferencial. Eso no existe en la Argentina y Entre Ríos está haciendo punta en eso”, señaló.
Al mismo tiempo, el fiscal dijo que no se trata de sumar cargos públicos nombrando 1.000 controladores, uno por cada escuela rural. “Eso no está al alcance de la administración”, precisó. “Tenemos que coordinar lo que tenemos. Si hay un problema es que la administración muchas veces trabaja en compartimentos muy estancos. Educación por un lado, salud por el otro. Lo que hicimos fue llamar a todos los organismos que intervienen en este problema y trabajar juntos y hacer ver que tenemos que coordinar el esfuerzo entre nosotros”, indicó.
“Yo no contraté un especialista en derecho ambiental o derecho agrario para este tema. Me puse yo a trabajar en el tema. Entonces lo mismo pretendo de todas las áreas de la administración”, dijo. Por ende, los directores de las escuelas rurales tendrán que sumar una tarea más a su trabajo habitual. De la misma forma, los médicos de salud pública también dado que deberán asistir a los directores de escuela. “No se trata de contratar más médicos”, dijo. Asimismo, indicó que no cuentan con ingenieros agrónomos por lo que esperan poder hacer un convenio con el Inta para que puedan controlar la unidad centinela. “pero a un costo menor que lo que significa tener como empleado un ingeniero en cada escuela que no lo podemos tener”, indicó.
De la misma forma, Rodríguez Signes pidió una actitud “colaborativa” de la Sociedad Rural y de las demás entidades agrarias. “Ellos también tienen que colaborar con la tarea de control porque, de lo contrario, es imposible controlar todos los aspectos de la vida”, dijo.
De cualquier forma, se prevé la instalación de un chip en cada máquina pulverizadora para ejercer el control georreferencial. “Ellos van a tener que adaptarse. Así como un comerciante tiene que poner el controlador fiscal, ya que es obligación. Bueno, la maquina aplicadora tendrá que tener este sistema. Las telefónicas tendrán que dar señal para que toda la provincia esté cubierta: esto es fundamental también”, dijo. por ello, s ele da plazo hasta el 2020 para que comience a regir el sistema de control.
Sin embargo, un punto polémico en la elaboración del reglamento fue que las ONG que se dedican al cuidado del medio ambiente quedaron fuera de la convocatoria. Rodríguez Signes dijo que, si los hubieran convocado, también deberían haber llamado a todas las entidades rurales. “Realmente no nos íbamos a poner de acuerdo. Porque el debate por las escuelas rurales es la cara visible de un debate mucho más intenso, más profundo, del que a mí ya no me corresponde opinar como funcionario, como abogado de la provincia, que es el sistema productivo”, señaló.
En ese sentido, explicó que las entidades que defienden el medio ambiente proponen ir a un sistema productivo agroecológico que desecha por completo la aplicación de agroquímicos. Pero el sistema actual se basa en la siembra directa con el paquete tecnológico que incluye las semillas, los herbicidas, la máquina para la siembra directa. “Si entramos en ese debate no terminamos nunca más”, dijo. En cambio, prefirió apostar a la elaboración de un reglamento que le permita al productor tener un “punto de referencia”.
Respecto de las responsabilidades, dijo que hay de dos tipos: las de tipo penal y las administrativas. “Para las del tipo penal, funciona el Código Penal. De hecho, hay casos donde ha habido condenas por el uso irregular de agroquímicos en Entre Ríos”, dijo. Rodríguez Signes mencionó que cualquier ciudadano puede constatar alguna irregularidad para que se inicie una investigación penal. En cuando a las administrativas, la Policía puede decomisar una máquina y luego se re empadrona o la aplicación de multas.
Por último, dijo que el Senasa es quien autoriza la venta de los productos químicos para fertilizar. “Nosotros no entramos en el debate de lo que se puede usar. A partir de los productos legalmente autorizados, vemos las condiciones en que se usan. Pero no decimos que productos sí o no; concretamente glifosato sí o no”, expresó.
