“Estamos instruidos por el gobernador para trabajar como para presentar el lunes una acción de inconstitucionalidad”, arguyó. Rodríguez Signes sostuvo que los argumentos para ir a la Justicia son “contundentes”. “Tanto el Impuesto a las Ganancias como el IVA son coparticipables. Es decir, no le corresponden a la Nación solamente, sino que les corresponden a las provincias una parte y a la Nación otra”, dijo a Radio Ciudadana (FM 89.7).
La regulación de la coparticipación federal se utilizan leyes y convenios. “Son leyes que forman parte del tipo de derecho llamado derecho intrafederal que se elabora por consenso entre la nación y las provincias y después se notifican legislativamente”, indicó. Pero ese procedimiento fue vulnerado por el gobierno nacional al modificar, por decreto, los impuestos generando una reducción de los recursos provinciales.
Para accionar se piensa en entablar una medida cautelar por una acción de inconstitucionalidad y el tribunal competente es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Por más evidente que sea la irregularidad, siempre lleva su tiempo. A veces años. Pero confiamos que la Corte, ante un tema de esta envergadura, despache una medida cautelar”, indicó.
El abogado explicó que los pactos fiscales se elaboran con la presencia de todos los gobernadores con representantes del gobierno nacional. “Eso pactos fiscales luego se ratifican por ley del Congreso y después se ratifican con leyes provinciales. Es un mecanismo de consenso que no fue utilizado”, argumentó.
Más adelante, explicó que las cuestiones tributarias se regulan por ley. “Salvo los aspectos reglamentarios”, indicó. En cambio, los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) solo están permitidos en caso de necesidad y urgencia, salvo en casos de emergencia por tiempo limitado. “Pero en materia impositiva y tributaria están prohibidos, incluso los DNU. Y fíjese que estos fueron decretos comunes. Ni siquiera fueron DNU”, dijo.
“Creo que cualquier abogado que tenga un mínimo de conocimiento de derecho constitucional y derecho tributario y cualquier técnico del gobierno nacional, imagínese que cualquier expediente de estos que termina con estos decretos se inicia con una consulta al ministerio de Economía. No por nada renunció el ministro de Economía”, dijo.
En consecuencia, el Fiscal de Estado sostuvo que fueron decisiones adoptadas presurosamente con una intencionalidad más política que real tras los resultados de las Paso. “Yo hubiera pensado en otra cosa como bajar la tasa de interés”, indicó. “Hubiera sido algo mucho más aplaudido por todos; estas tasas con las que se está trabajando hoy es imposible por más reducción de las alícuotas del IVA o de reducción del mínimo no imponible de Ganancias. Con esta tasa de interés la actividad económica es completamente imposible”, mencionó.
Por otra parte, dijo que cada provincia está representada por cada gobernador y no hay ningún mecanismo previsto para todas puedan participar en un solo escrito judicial. No obstante, existe un Foro de Fiscales de la República Argentina donde se coordinan ese tipo de acciones. Y existe la intención de participar de 19 provincias, solo faltan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Jujuy entre otras.
“Está mal que se hagan con recursos de las provincias. Lo que están planteando los gobernadores es: ‘hágala con la parte que le corresponde a la Nación pero no comprometa los recursos de ñas provincias porque nosotros tenemos otras obligaciones’. Además de pagar las remuneraciones del sector público, tenemos la seguridad, la salud y la educación. son funciones básicas del estado que hay que atender con los recursos que el presupuesto consagró para este año y de golpe nos sacan los recursos”, dijo. como ejemplo, recordó que el ministro de Economía, Hugo Ballay, comparó la cifra que Entre Ríos pierde como el equivalente a medio aguinaldo. Pero ese dinero puede ser descontado de otros gastos esenciales como los suelos, los medicamentos o insumos para las escuelas.
