Rodríguez Signes dijo que el tema “resulta bastante controversial ya que la política salarial del gobierno no es un tema judiciable”. Y añadió que el gobierno “puede demostrar en la Justicia que ha tenido un trato adecuado con los aumentos de febrero y con los ofrecidos ahora”. Es más, sostuvo que el gobierno puede demostrar que ha ofrecido incrementos salariales para el año 2008 “en porcentajes superiores a los concedidos a los trabajadores de la actividad privada en el mismo período”. Pero dijo que “los gremios los que los han rechazado y no el gobierno quien no los ha ofrecido”.
En este marco, consideró que hay que ser precisos en la terminología. “Aquí no hay ningún descuento ni ninguna sanción a los docentes en huelga. Simplemente no se paga el día que no se trabaja. Como es, en principio, en cualquier lugar donde hay una relación de trabajo”, indicó.
Dicho esto, Rodríguez expuso que el salario “no es un derecho absoluto ni está ligado al simple paso del tiempo, sino que es un elemento de una relación laboral más amplia”. Para el ex diputado radical, se trata de “un derecho derivado de la contraprestación de un servicio personal. Esto que está en la naturaleza misma de la relación laboral tanto en el derecho público como en el privado”.
El fiscal de Estado dijo también que a su juicio uno de los aspectos más controversiales es la violación del principio de igualdad ante la ley. En efecto, “si el Estado paga a un trabajador que no cumplió con su prestación de la misma manera que lo hace con el que sí lo hizo, estaría violando claramente el derecho a la igualdad ante la ley de este último. Esto es algo que el Estado desde luego no puede hacer”, explicó finalmente.
