“Nosotros, y seguramente la fiscalía me va a acompañar en la opinión, entendemos que toda persona detenida, sea Marsicano o quien fuera, tiene la posibilidad de ser atendido psicológica y psiquiátricamente por los profesionales de la salud mental. Es un derecho, una garantía que tienen. En eso no nos vamos a entrometer”, dijo Rodriguez Allende.
No obstante, el querellante dijo que en Entre Ríos no hay ningún hospital psiquiátrico a puertas cerradas. “No existe”, aclaró. Por ello, Rodríguez Allende dijo que se debe respetar la prisión preventiva en “todos sus términos”. ¿Qué significa eso? Que debe estar privado de su libertad por la “alta probabilidad de fuga” que puede haber por parte del interno. En ese sentido, argumentó que hay serias evidencias de carácter objetivas que en caso de una sentencia condenatoria “va a ser de prisión perpetúa” dada la extrema gravedad de los hechos que se le endilgan: homicidio doblemente agravado.
El lunes, el abogado defensor de Roberto Marsicano, Iván Dri, sostuvo que el jefe de la Alcaldía policial le informó que el médico psiquiatra que evaluó a su defendido aconsejó el traslado a una institución de salud mental. En esa línea, el abogado defensor sostuvo que se está hablando de Federal como posible destino porque allí le pueden ofrecer una atención psiquiátrica adecuada. No obstante, aclaró que no había nada oficial aún. “No es coherente. Confía en mi pero no me hace caso. Eso demuestra, no soy médico, no soy psiquiatra, pero un desequilibrio de orden mental hay y debe ser atendido”, argumentó Dri.
Por su parte, Rodríguez Allende señaló que “intentar reflejar que hay una enfermedad psicológica, ya sea por la droga o el alcohol, en este momento son simples expresiones o manifestaciones de voluntad”. “No tenemos ni se cuenta con pericias psicológicas, psiquiátricas que nos puedan determinar estas características de la personalidad: no hay nada en el expediente psicológicamente hablando”, agregó.
El abogado paranaense dejó en claro que no está en contra de que el acusado reciba asistencia psicológica. “Toda persona detenida puede gozar de la posibilidad de hacer un tratamiento pero dentro de su lugar de detención. Fuera es absolutamente imposible”, indicó.
Por otra parte, el letrado sostuvo que no tiene dudas de que la Cámara de Apelaciones va a ratificar lo resuelto por el Juez de Garantías sobre la prisión preventiva de 90 días. “Por lo menos la prisión debe durar hasta que se realice el juicio oral y público”, señaló.
Asimismo, dijo que se espera saber si el imputado participará de la reconstrucción del hecho. “Está prevista la posibilidad de reconstruir el hecho. Es un acto decidido por el fiscal y consensuado por el querellante particular. Veremos si el imputado quiere participar”, manifestó.
Además todavía faltan varias pruebas como los entrecruzamientos de llamadas. Varios teléfonos celulares fueron secuestrados. “Han llegado algunos informes pero hay uno de una empresa privada que falta. Son pruebas a producir importantes”, señaló el abogado querellante.
