En la audiencia ante el juez Elvio Garzón, el ex funcionario admitió el delito: “Soy totalmente consciente de los hechos que se me imputan y de la pena acordada”, dijo escuetamente. En caso de que el acuerdo sea homologado, Righelato será condenado por los delitos de peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude; y quedaría detenido en la cárcel de Paraná, aunque podría salir bajo libertad condicional a los ocho meses, e incluso antes si se tiene en cuenta que en el transcurso de la investigación, pasó 145 días detenido, con una estadía en la unidad penal y un tiempo bajo arresto domiciliario. Ese lapso se computa como parte de la pena acordada.
Una de las empresas supuestamente beneficiadas por los negocios de Righelato es Azul SRL, creada en el año 2011, en la que figuran como socios el propio Righelato y su pareja. La firma se dedica, entre otras actividades, a la “remodelación de obras en terrenos propios o de terceros” y, pesar de no estar inscripta como proveedora del Estado, ha realizado trabajos que terceriza Obras Sanitarias.
En la presentación del juicio abreviado, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull destacó que durante la investigación se había probado “la afectación de recursos públicos a favor de la actividad privada” y citó como ejemplo el hallazgo de un camión de Obras Sanitarias y elementos pertenecientes a la repartición en un galpón perteneciente a Azul SRL en Oro Verde. “Hubo una fusión entre el patrimonio privado y el patrimonio público, aunque todos los elementos que pertenecían al Estado provincial fueron confiscados y recuperados”, resaltó el fiscal.
El esquema también benefició a otras dos empresas vinculadas a Righelato: Tecnogeo SA, formada en 2009 y dedicada a la perforación de pozos de agua, que tenía como cabeza visible al empresario Roberto Marcelo Diderle; que a partir de 2014 pasó a denominarse Ecocien SA, integrada por Diderle y Marlin Romina Trejo, que también es empleada de Obras Sanitarias. Ninguna tenía prácticamente personal ni maquinarias, y los trabajos eran ejecutados con empleados, máquinas y movilidad del Estado.
La investigación respecto de las irregularidades en Obras Sanitarias se había iniciado a partir de una presentación efectuada por la Fundación M’Biguá en la que denunciaba que en varios lugares de la provincia se hacían perforaciones en busca de recursos, lo que generaba un grave daño al ecosistema. La entidad ambientalista focalizó su planteo en la utilización de “caños camisa” para sacar agua. Se trata de tubos que provenían de la zona de Cuyo y que en muchos de ellos había restos de hidrocarburos. Los mismos estaban teniendo contacto con las napas.
