La persona que fue sentenciada esta mañana tenía una condena condicional. Debido a que decidió desobedecer la orden judicial -y adicionalmente habría cometido el delito de hurto-, la fiscalía pidió que se revoque ese beneficio y el juez Carbonell accedió a la solicitud. Costa aclaró que la decisión no excluye que pueda recibir posteriormente otra sentencia adicional por los delitos cometidos. En ese caso, la pena será efectiva dado que no puede recibir dos penas de cumplimiento condicional.
El otro caso es el de un hombre de 30 años que había sido sentencia a dos años y medio por desobediencia judicial y amenazas calificadas. No obstante la pena, el ahora detenido violó las normas impuestas por el juez y la sentencia se transformó en efectiva el 22 de diciembre del año pasado. “Hemos tenido un caso en donde si bien la condena había sido condicional, ante el incumplimiento de las reglas de conducta que se le habían fijado, se le revocó la condicionalidad y actualmente está detenido en la Unidad Penal”, indicó Costa. Como dato ilustrativo, en la fiscalía recuerdan que la víctima del hecho que lo había denunciado generó un desorden en la sala de audiencias al enterarse que el denunciado iba a quedar detenido.
Todo esto se produjo en vísperas del comienzo formal del funcionamiento de la fiscalía de género en la ciudad. Al respecto, Costa se comunicó con el procurador general, Jorge García, respecto de la denominada formalmente ‘Unidad de Violencia de Género y salidas tempranas’. La misma captará todas las denuncias por violencia de género que sucedan en la ciudad.
Al igual que el resto de las unidades fiscales, dependen de Costa, el coordinador fiscal. Los encargados serán son cinco: Martín Scattini, Mariana Fournier, Julia Rivoira, Maria José Fonseca y Germán Dri. Estarán a cargo de la misma por turnos semanales. Cabe acotar que la fiscalía no tiene un lugar físico para atender sino que las causas ingresarán por una mesa de entrada y los fiscales la recibirán en los despachos que ocupan habitualmente.
“Ya venían prestando funciones con anterioridad” aclaró respecto de los fiscales. Lo que cambiará de ahora en más es que estará formalmente constituida la Unidad. “Desde hace tiempo que le venimos dando preponderancia a todo lo que tiene que ver con violencia de género en el sentido que son causas a las que se les dan mas importancia en cuanto a la rapidez del tramite”, explicó. La idea es elevar las causas lo antes posible a juicio o llegar rápidamente a acuerdos con los defensores de los acusados.
Todas las causas por violencia de género ingresan a los Juzgados de Familia. En ese sentido, Costa explicó que no toda causa por Violencia de Género implica la comisión de un delito. Pero cuando ello sucede, comienza a trabajar la Unidad de Violencia de Género debido a que tiene como función iniciar un proceso penal.
Para que ello suceda debe haber una agresión física, amenazas o una situación de discriminación hacia la mujer basada en una relación de poder. No obstante, se apunta más que nada a actuar ante los casos de agresiones, lesiones, amenazas, daños o desobediencia judicial. En algunos casos, los jueces dictan sentencias condicionales junto con reglas de conducta tales como no ausentarse del país, no molestar a la víctima, ni cometer nuevos delitos. Si se incumplen, las condenas condicionales se pueden transformar en efectivas.
En tanto, la titular del Inadi Entre Ríos, Lucy Grimalt, explicó que, aunque no conocía los casos de Concordia, dijo que se debe haber producido una violación reiterada de las medidas de protección cautelares y las amenazas deben de haber sido de un tenor “muy grave” que ameritan que no estén en libertad.
Más adelante, señaló que la ley Nº 26.485 de protección hacia las mujeres cuando sufren violencia no es punitiva, pero esa situación se modifica cuando están ante presencia de una violación a la restricción de acercamiento a la víctima. O prosigue con las amenazas. “Corresponde aplicar las penas punitivas que están previstas en el Código Penal", dijo.
La mujer valoró la adopción de medidas expeditivas desde el ámbito judicial. “La Justicia está actuando mucho más rápido para exigir que las personas se retiren del hogar”, ejemplificó.
Cuando eso sucede, Grimalt entiende que la Justicia está entendiendo que esto “no es un tema menor del que se tienen que ocupar las trabajadoras sociales de los Juzgados”. En ese sentido, indico que los jueces deben intervenir cuando no se respetan las medidas que protegen a las mujeres como la exclusión del hogar. “Es la única manera de ir modificando conductas que se creen impunes”, manifestó.
Por el contrario, sostuvo que las denuncias caían en saco roto ya que en los jueces primaba la postura de no encarcelar a nadie por el delito de amenazas. O las denuncias eran retiradas por la víctima debido a que están inmersas en un “círculo de terror”. O, como se trata de un conflicto de pareja, los jueces sólo ordenaban la realización de un tratamiento psicológico. De todas formas, Grimalt dijo que eso se debe realizar ya que el encierro en una institución carcelaria no modifica una conducta violenta.
Más adelante, sostuvo que las protestas que los movimientos de mujeres que vienen llevando adelante desde hace muchos años está dando sus frutos. Y recalcó la marcha realizada el último 3 de junio, día de la lucha contra la violencia de género, “ha marcado una bisagra; un antes y un después” en la Justicia.
Detrás de la mayoría de los femicidios hay vínculos marcados por la violencia durante años. “No solamente hay amenazas sino violaciones, forzamiento, encierro, a la mujer y demás integrantes de la familia”, indicó.
“Es importante que la sociedad entera envíe mensajes de que no se deben legitimar los vínculos violentos y es importante este tipo de condenas. El poder judicial está diciendo: ‘no vamos a convalidar que un varón a su pareja impunemente la maltrate psicológicamente, la subestime o la pongan en ridículo porque la violencia de género no es únicamente golpes, es mucho más profunda”, indicó por último Grimalt.
