En la conferencia de prensa se esta mañana el gobernador Jorge Busti se refirió a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de rechazar la medida cautelar interpuesta por la Argentina para que el Estado uruguayo exija a las firmas Ence y Botnia que suspendan provisoriamente la construcción de las pasteras en Fray Bentos.
Allí también se anunció que el martes a las 18 se realizará una audiencia en Cancillería “para ir juntos con la Municipalidad de Gualeguaychú y la Asamblea Ambiental, y diseñar allí una estrategia que nos permita avanzar en el mismo objetivo que es el no a las pasteras”.
La conferencia
En principio, el primer mandatario entrerriano recordó que Argentina acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya porque “el Estatuto del Río Uruguay prescribe que en caso de controversia entre los dos países, el tribunal de alzada para resolver esta cuestión es el Tribunal de La Haya, y en segundo lugar porque fue un pedido expreso de los abogados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú al entonces canciller Bielsa”.
“La Legislatura provincial aprobó por unanimidad ir a la Corte Internacional de La Haya y luego se trató en el Congreso de la Nación, donde también se aprobó”, dijo el gobernador, al tiempo que comentó que “desde que se creó la Corte Internacional de La Haya en 1946, se presentaron 36 medidas cautelares”, de las cuales sólo a cuatro se les hizo lugar y que “el tribunal siempre instó a arreglos extrajudiciales entre los dos países”.
A continuación dijo: “No estamos contentos con esta definición, pero estaba dentro de las posibilidades de un juicio. Voy a repetir textualmente lo que recién dijo el doctor Moreno Navarro, apoderado de la Asamblea Ambiental: ‘Yo prefiero perder una medida cautelar y ganar en el juicio principal’. Esto es como cuando en el derecho común uno hace un juicio por daños y perjuicios a una empresa y presenta una demanda de medida de embargo preventivo como medida cautelar y el juez considera que no hay razón para la medida cautelar, pero puedo ganar el juicio”.
“De cualquier manera, no creemos que esto sea trágico para la Argentina, ni mucho menos, porque leyendo el fallo, en primer lugar hay un punto muy importante. La Resolución del Tribunal Internacional de La Haya hace responsable al Estado uruguayo, quien asume los riesgos de seguir adelante estas obras. En segundo lugar no está segura la localización, es decir que la ubicación de las pasteras no es definitiva, ya que de probarse en el futuro, con el avance de las obras, la inminencia del daño, se puede ordenar la demolición, desmantelar la obra o su relocalización. Es decir que esta es una señal muy importante de aviso a los inversores por el riesgo de la inversión, cosa que planteamos cuando fuimos ante la Ombudsman del Banco Mundial con la firma de 39.000 vecinos de Gualeguaychú”.
En otro tramo de sus declaraciones, indicó que “en el párrafo 86 también deja claro que si Argentina plantea hechos nuevos en el futuro con el avance de las obras, sobre daños inminentes que pueda causar a nuestro país, puede plantearse una nueva medida cautelar. Es decir, el hecho de haber planteado una medida cautelar que el Tribunal rechazó, no significa que dentro de dos o tres meses no pueda plantearse otra”.
“Otro punto importante es que el Tribunal insta al Uruguay a preservar la calidad de agua del río y el medio ambiente, es decir toma como cierto que Uruguay va a cumplir el Estatuto del Río Uruguay con respecto a la conservación del medio ambiente. Es decir, que con la medida cautelar lo que no se pudo comprobar es la inminencia del daño, porque hay un 20% de construcción de Botnia y Ence está absolutamente paralizada. Entonces, según el Tribunal no hay una inminencia del daño sobre la población de Gualeguaychú”, manifestó.
También consideró importante que el fallo inste “a la cooperación y a la buena fe de los Presidentes de los dos países” para intentar llegar a un arreglo diplomático, y que señale que “no se puede utilizar la soberanía del territorio de un país para causarle un daño a otro país”.
Con respecto al futuro, señaló que “Argentina tiene hasta el 27 de julio para contestar la demanda que instauró el Uruguay por daño por los cortes de ruta, estimados extraoficialmente en 400 millones de dólares,” y recordó que en ella está participando la fiscal de Estado, Claudia Mizawak.
“Por otro lado, tenemos que seguir el juicio en La Haya. Luego de haberse leído la resolución de la medida cautelar, la presidente de la Corte citó a los presidentes de las dos delegaciones para fijar fecha para establecer cuando se hace el memorial y contramemorial – como en un juicio la demanda y contrademanda – y luego dictar la sentencia. Argentina pidió cinco meses para establecer el memorial, mientras que Uruguay pidió el doble – diez meses – y nosotros creemos que el Tribunal va a zanjar en seis o siete meses. Estimamos que la sentencia definitiva va a estar en un año y tres meses, es decir antes de que se termine la construcción de las pasteras”.
Con respecto a las acciones, afirmó: “Creemos que los vecinos tienen que estar movilizados, por supuesto. Hoy Gualeguaychú es una ciudad convulsionada por este fallo, pero también tiene que actuar de manera reflexiva con respecto a lo que va a hacer. Una acción no reflexiva podría agravar la situación de la Argentina en el juicio principal y en el juicio que se está dirimiendo en los tribunales del Mercosur con respecto a los perjuicios de los cortes de ruta”.
“Si bien el fallo frente a la medida cautelar fue desfavorable, nosotros tenemos mucha esperanza en el juicio principal. Creemos que no se probó el daño inminente porque las obras no están avanzadas, pero indudablemente nos deja las puertas abiertas para seguir adelante con el juicio principal y eventualmente plantear una medida cautelar en el caso de que se agrave la situación. Nosotros vamos a proponer a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú pedir una audiencia a la Cancillería Argentina para los próximos días para diseñar una estrategia conjunta entre la Cancillería, el Gobierno provincial, el Gobierno Municipal de Gualeguaychú y la Asamblea Ambiental. Creemos que ésta es la manera de juntar fuerzas para avanzar en el mismo objetivo que es el no a las pasteras”, precisó.
Conceptos de Moguilner
Al referirse al fallo, el secretario de Medio Ambiente, Gabriel Moguilner, destacó que “hace responsable al Uruguay del cuidado del río, de la calidad del agua y del ecosistema. En el estatuto del Río Uruguay sólo se habla del agua, nosotros decimos que hay un tema muy importante que es la calidad del aire. Sabemos y estamos convencidos que va a haber una afectación muy importante a la calidad del aire, a los olores y a los problemas que va a generar la lluvia ácida en la producción de la provincia”.
“También habla de la importancia que va a tener la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en actuar en este tema. Si bien el Estatuto no lo fija, deberá realizar un protocolo adicional para ver el tema de calidad del aire. Pero fundamentalmente, nosotros decimos que deja abierta la posibilidad de unas futuras medidas cautelares y estamos convencidos de que si las plantas comienzan a funcionar antes de que salga el fallo, van a generar una contaminación importante”, acotó finalmente el secretario de Medio Ambiente.
