Los episodios recientes referidos al corte del paso fronterizo de Salto Grande -que han ocasionado fuertes encontronazos entre comerciantes y ambientalistas- deja mucha tela para cortar. Hoy por la mañana, DIARIOJUNIO publicó un informe que da cuenta de las importantes pérdidas económicas que habría sufrido el sector a causa de las dos semanas de corte ininterrumpido.
Como se sabe, la determinación de los ambientalistas provocó, y lo sigue haciendo, la reacción de los comerciantes que se han sentidos perjudicados por el corte.
Algunos admitieron que se perdieron “fortunas” y algunos precisaron una pérdida de ventas por unos 50 mil pesos. Otros manifestaron que de los $3000 diarios que venden, la mitad corresponde a clientes uruguayos (la mayor parte de ellos “Bagayeros”) que cruzan el charco para hacerse la diaria. Una estación de servicio calculó que perdió de vender unos 150000 litros de combustible a los vecinos orientales – combustible que, dicho sea de paso, no sobra para los lugareños-. Para el resto de las estaciones, las ventas a los uruguayos significan un 10%… Etc, etc, etc.
Sin duda, los números son significativos. Tan significativos como para preguntarse también por qué, con estos índices de ventas, el sector comercial tiene una de las tasas de subempleo y trabajo en negro más impresionantes de la ciudad:
Según datos estimativos, un 40 % de los empleados del sector comercial no están registrados. En tanto que, del 60% de los que sí lo están, un 25% sufre algún tipo de fraude laboral. Lo paradójico es que las estimaciones también indican que los empresarios del sector están facturando unas cuatro veces más respecto del período recesivo de los años 2000/02. Pero según confió una alta fuente sindical, de esa facturación sólo se blanquea un 30 %. La venta en negro se destina entre otras cosas a pagar los haberes en negro.
Todo esto ocurre ante la pasividad de la Dirección General de Trabajo de la Provincia. El año pasado, un funcionario de la misma reconoció “off de record” a un colega de este medio que había “directivas de no interferir con el crecimiento económico”.
Pero tampoco hace falta una gran investigación o la divulgación de las cifras oficiales para detectar que existe una enorme porción de empleados de comercio que trabajan en negro o en condición de subempleados, al ser registrados como trabajadores de media jornada cuando, en los hechos, entregan a su empleador alrededor de 10 horas diarias; incluso sábados por la tarde, domingos y feriados. En este último caso – el de los trabajadores de media jornada-, si bien los mismos empleados reconocieron en entrevistas para los informes de la extinta revista “Debate y Opinión” que sus patrones les daban un plus o una comisión por ventas, estos pagos eran efectuados en negro.
Lo que gana un trabajador no registrado del sector comercial dista mucho – 800 pesos aproximadamente y siendo quizás un poco generoso- del mínimo que establece el convenio para el sector que ronda los 1100 pesos. Monto que difiere algo menos de los 980 pesos fijados por el último Concejo del Salario y los 921 pesos de la línea de pobreza determinada por el INDEC.
Todo esto implica socialmente que miles de trabajadores en Concordia no están cubiertos por la seguridad social, que no tienen aportes para la jubilación, no cuentan con obra social ni seguros de accidentes de trabajo. Y, en promedio, cobran algo más de la mitad de lo que ganan los trabajadores que están registrados como la ley estipula. Ni hablar de la posibilidad de jubilarse a la edad correcta, cobrar salario familiar, permitirse un viaje de vacaciones o poder acceder al crédito para la compra de bienes de uso o inmuebles.
El sector comercial aduce que blanquear un empleado es caro y poco rentable. Quizás sea cierto, pero si el éxito del negocio depende de “negrear”, explotar e incurrir en fraudes laborales habría que replantearse si la rentabilidad o el éxito del negocio es tal.
¿Acaso no beneficiaria al sector comercial que los empleados puedan ser consumidores con mayor poder adquisitivo? ¿Acaso esos pesos de más tendrían destino de colchón? Los sectores menos pudientes suelen gastar casi todo lo que ganan. El ahorro es un lujo para pocos. ¿Alguien se pregunta que pasará en un futuro cercano cuando millares de personas que hoy están en actividad lleguen a la meta final sin nada? ¿Quién pagará esos costos? ¿El Estado? Pero el Estado, ¿no somos todos?
Cuando tantos se llenan la boca hablando de defender derechos constitucionales, de exigirle al gobierno que ejecute mayores acciones para profundizar la distribución de la riqueza, no habría que preguntarse primero si se puede pedir lo que no se está dispuesto a dar.
Con la misma liviandad o falta de pruebas para acusar a los ambientalistas de “pagados”, se podría decir que, si el tipo de cambio fuera al revés y beneficiara al comercio uruguayo, los comerciantes de Concordia serían “los ambientalistas tardíos de la primera hora”… pero quizás ahí uno se este metiendo en otro tema y esto no intenta ser una defensa de los ambientalistas de Concordia, aunque quién suscribe no descarta el riesgo de que lo parezca…
En fin, el derecho a un trabajo digno, el derecho a que lo que uno gane le alcance para vivir y dejar vivir es tan inobjetable como el derecho a hacer mucho dinero dentro de las reglas del juego y sin joder al prójimo. Como dijo el gobernador de Misiones, el pro papeleras y anti piquetero, Ramón Puerta – confieso que siento cierta tirria al citarlo, pero creo que el mensaje, en cierto aspecto, es válido más allá de las disidencias con el mensajero-: “La pobreza contamina más que las papeleras”.
