Carrió y el titular de la AFIP, Alberto Abad, fueron imputados en la Justicia por participar de una red de informante ilegales, que involucra a un grupo de funcionarios encabezados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky. También se investiga si la legisladora Margarita Stolbizer y sus asesores eran "clientes" de Abad y Mecikovsky.
Con esos datos provistos ilegalmente Carrió se habría servido para denunciar al juez supremo por un enriquecimiento ilícito, tras detectar un "sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país". La diputada sostenía que Lorenzetti no había declarado la percepción de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Sin embargo, esa causa fue cerrada en marzo pasado por carecer de sustento legal.
Ámbito Financiero informó que actuales empleados de la entidad alertaron que los registros que permiten rastrear la elaboración de los "dossiers" con datos tributarios de personalidades políticas están siendo borrados de las computadoras del organismo.
Según aseguran desde la AFIP, el magistrado Lorenzetti no fue la única víctima de esta presunta asociación ilícita. Esos mismos dossiers habrían sido utilizados en causas judiciales que involucran a empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, como Alcalis de la Patagonia y la petrolera OIL, entre otras.
Entre las víctimas también figura el entorno del presidente Mauricio Macri, por la familia Awada, Nicolás Caputo y Emilio Monzó, varios jueces federales y exfuncionarios kirchneristas.
Por estas grave denuncia, el fiscal Eduardo Taiano abrió una causa penal, que ahora instruye el juez Claudio Bonadio. Este magistrado fue uno de los que habría sido "investigado" dentro de la AFIP, junto con otros pares federales y por presunto pedido de Carrió. Este es el punto sobre el que el fiscal busca ahondar: si dentro de la AFIP operaba un "task force" utilizado para "traficar" información confidencial con objetivos políticos o económicos.
Según la denuncia, esos datos eran luego publicados en medios de comunicación o servían para alimentar causas judiciales en curso bajo el supuesto aporte de información novedosa.
La maniobra investigada tiene como eje al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior pero que actuaría con el "aval" de Abad y del titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola.
Por debajo de esa estructura, actuarían Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); el agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP. Se los acusa de violación de secretos, fijado en el artículo 157 bis del Código Penal que reprime con un máximo de dos años de prisión a quien "a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; o ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información cuyo secreto estuviere obligado a preservar".
