El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número tres dispuso “regular los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Fernando D ´Albora (abogado de Casanello) por las labores desempeñadas en las presentes actuaciones en la suma de 711.480 más IVA”.
Por el principio jurídico conocido como “de la derrota”, ese monto debe ser pagado por la parte que perdió el juicio, y como Scozzino reconoció su responsabilidad a cambio de una pena que no lo depositara en la cárcel, le corresponde afrontar ese gasto.
Scozzino apeló la decisión, pero la Cámara Federal de Casación, con las firmas de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, refutó que “la defensa no ha demostrado la alegada vulneración del derecho de defensa en juicio ni a la garantía constitucional del debido proceso, a los efectos de ser considerados como una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal”.
El tribunal ya había resuelto de similar manera en relación con el otro falso acusador de Casanello, Gabriel Corizzo, quien al igual que Scozzino “afirmaron haber observado la presencia del Dr. Casanello dentro de la Quinta Presidencial de Olivos en el transcurso del año 2015”.
La afirmación era falsa y los dos terminaron condenados a tres años de prisión en suspenso, en un juicio abreviado en el que reconocieron que habían mentido.
El supuesto objetivo de aquella maniobra era vincular a Casanello con la entonces presidenta para conseguir su apartamiento de la causa en la que investigaba al empresario santacruceño Lázaro Báez. El monto final que cada uno deberá pagarle al abogado de Casanello trepa a 860.890 pesos.
