en declaraciones ertidas en una entreista publicada por El Diario de Paraná, Guastavino cuestionó las trabas que “está poniendo” el gobierno uruguayo para que no se conozcan públicamente los informes sobre el monitoreo que está realizando en forma periódica el Comité Científico.
DIFERENCIAS. Los informes no se dan a conocer, según reveló el senador, porque no hay unanimidad entre los científicos y cargó la responsabilidad hacia los profesionales uruguayos por proteger a la industria.
“Se hacen los monitoreos sobre la planta y el río, pese a que Uruguay, pone dificultades en forma permanente para que no se de a conocer los informes. Nosotros manejamos información”, señaló el legislador nacional antes de ratificar que los daños que se producen habilitan la posibilidad de volver a la Corte.
Es que desde que falló La Haya y desde que se conformó el Comité Científico binacional nunca se dieron a conocer los resultados del laboratorio de Canadá, que –según Guastavino—es porque justamente los informes lo que hacen es darle la razón a Argentina cuando denunció que la industria contamina.
“Estamos en la etapa de recolección de pruebas, la de de monitorear la planta y estamos evaluando qué medidas tomar al respecto, porque todavía no se puede sacar conclusiones definitivas, ya que se está instrumentando una serie de medidas por las trabas que pone Uruguay”, reveló el legislador entrerriano.
Como gualeguaychuense, Gustavino dijo que está convencido que Uruguay se niega a dar los informes porque “está protegiendo a la planta finlandesa”.
“Nuestros científicos tienen una postura respecto a los valores, que no es compartida con los científicos puestos por el Uruguay que, desde ese punto de vista, dejan mucho que desear, porque pareciera que responden más a directivas de la planta que a otra cosa”, cuestionó.
Pese a ello, el legislador nacional dijo que interponer la denuncia ante la Corte Internacional de La Haya es una decisión que la tiene que evaluar Cancillería y el Gobierno Nacional.
La planta de pasta celulosa, instalada a orillas del río Uruguay, frente a Gualeguaychú, comenzó a operar en 2007, aunque no contó con el aval de Argentina y, como se argumentó en la denuncia internacional, violando el tratado del río Uruguay.
El monitoreo de la planta de la compañía finlandesa y a los ríos Uruguay y Gualeguaychú comenzó en noviembre de 2010, por un acuerdo entre ambos países tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo que surgió tras la instalación de la planta de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.
La comisión binacional ya ingresó más de una docena de veces a tomar las muestras, pero oficialmente nunca se dieron a conocer los resultados.
