En una denuncia detallada y fundada en numerosa doctrina, los ediles sostienen que Osuna ha incumplido dolosamente y en forma reiterada su obligación dispuesta en el artículo 108 de la ley Nº 10.027, al no haber contestado los pedidos de informes requeridos por el Concejo Deliberante.
Los ediles indicaron que cumplieron todos los requisitos legales necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos del gobierno que integran el poder municipal, esencialmente en su función de fiscalización y contralor, tal como lo dispone el art. 80° de la misma norma.
En la extensa misiva, Rettore y Haddad, con el patrocinio letrado de Raúl Avero, fundan en derecho la pretensión punitiva contra la intendente haciendo un pormenorizado análisis del delito que se imputa y de la conducta dolosa que aseguran que ha tenido Osuna al no contestar 77 pedidos de informes.
El petitorio al Ministerio Público Fiscal para que tome razón de la denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público ordena la sustanciación de la causa y las medidas preparatorias conforme al Código Procesal Penal vigente y que provea de conformidad para hacer justicia.
